Por Daniela Sánchez Lemus

En Guatemala, el miedo cambió de forma. Ya no se impone con patrullas ni fusiles, sino con citaciones judiciales, carpetas fiscales y audiencias sin final. El silencio se consigue con prisión preventiva y procesos interminables.

Esa es la escena que describe la Misión Internacional de Juristas por Guatemala, una delegación integrada por abogadas, abogados, jueces, defensoras y defensores de derechos humanos de América Latina y Europa que estuvo varios días en el país para observar y documentar la situación de la justicia en el país.

Su diagnóstico es contundente: el Estado de Derecho está siendo desmantelado desde dentro. La misión advierte: “El derecho se está usando como herramienta de control institucional”.

Una justicia sitiada

Durante su visita, las y los juristas entrevistaron a personas operadoras y exoperadoras de justicia, juristas, personas privadas de libertad, representantes de la sociedad civil, personas que ejercen la diplomacia, académicas y académicos. La Fiscal General del MP, Consuelo Porras, se negó a participar.

Los testimonios recogidos muestran un patrón repetido: intimidación, vigilancia, campañas de difamación y persecución penal contra quienes se resisten a los intereses de poder. En muchos casos, las campañas de desprestigio en redes anteceden a los procesos judiciales. Los ataques provienen de net centers vinculados a grupos políticos que filtran información reservada, anticipando quién será la persona siguiente en ser procesada.

Ya no se persigue con armas, sino con el sistema penal, resume el informe.

La misión evidencia que el Ministerio Público se ha convertido en el actor central de esta instrumentalización penal selectiva al utilizar tipos penales abiertos e investigaciones sin sustento para castigar a voces críticas: jueces, fiscales, abogadas/os, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

El largo eco de la impunidad

La historia ayuda a entender cómo se llegó hasta aquí. Tras los Acuerdos de Paz de 1996, Guatemala intentó construir una democracia sobre las ruinas de un Estado autoritario responsable de genocidio. Pero las estructuras de poder no desaparecieron; se adaptaron. Grupos políticos, económicos y criminales consolidaron un sistema capaz de garantizar impunidad y controlar las instituciones clave.

Hoy, esa red sigue operando. Las viejas armas se cambiaron por leyes, acusaciones y prisiones preventivas. En lugar de silenciar con fuerza, se silencia con miedo jurídico.

El informe señala que esta cooptación judicial comienza con la selección de magistradas y magistrados, un proceso dominado por influencias externas y compromisos políticos. La concentración de poder en la Corte Suprema permite traslados o sanciones contra juezas y jueces que se atreven a resolver con independencia.

Racismo estructural y justicia desigual

El sistema judicial guatemalteco también arrastra el peso del racismo. Durante su recorrido, la misión escuchó testimonios de abogados y abogadas, mujeres y hombres indígenas defensores comunitarios que relataron cómo la justicia criminaliza a los pueblos originarios por defender su territorio o protestar pacíficamente. A menudo se les acusa de delitos graves —como terrorismo, sedición o asociación ilícita— por ejercer derechos reconocidos en la ley. El testimonio de un líder maya q’eqchi’, lo corrobora: Nos acusan por cuidar la tierra.

En los tribunales, la discriminación es cotidiana: limitan el uso de la palabra, interrumpen sus intervenciones y desacreditan su identidad cultural. La misión advierte que esto vulnera tanto los derechos individuales como el derecho colectivo de los pueblos a una justicia intercultural.

Ser mujer y abogada: doble riesgo

Las mujeres operadoras de justicia enfrentan una persecución doble: por su trabajo y por su género. La misión documentó acoso en audiencias, hostigamiento digital, exposición de información personal y amenazas. El ensañamiento es especialmente fuerte contra quienes han investigado casos de corrupción o violencia sexual.

Nos quieren quebrar, no solo como profesionales, sino como mujeres, relató una jueza.

Amnistía Internacional ya había denunciado este fenómeno: el sesgo de género en la criminalización de abogadas y fiscales es una constante en Guatemala.

La democracia en la mira

El momento no podría ser más crítico. El país se encamina a un año electoral en el que, por primera vez en seis décadas, coincidirán los procesos de renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Fiscalía General.

Tres instituciones clave para el equilibrio del poder.
Tres espacios donde, según la misión, la cooptación podría consolidarse.

La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, ya había alertado hace seis meses que “el desmantelamiento del Estado de Derecho no siempre ocurre con violencia, sino con leyes, resoluciones y silencios”. La nueva misión confirma que esa advertencia sigue vigente.

Un país que resiste

A pesar del miedo, hay quienes no ceden. La misión también halló señales de resistencia: abogadas y abogados que siguen defendiendo causas impopulares, jueces que aplican la ley aunque las y los trasladen o sancionen, colectivos que acompañan a las víctimas sin recursos. La justicia no está muerta —afirman las y los juristas—, pero está sitiada.

Son ellas y ellos quienes sostienen el último hilo de la legalidad en un sistema cada vez más fracturado.

La Misión Internacional de Juristas por Guatemala plantea medidas inmediatas:

• Garantizar seguridad y protección a jueces, fiscales, abogadas y abogados.
  
• Detener las prácticas intimidatorias y la criminalización.
  
• Implementar políticas públicas de protección a personas defensoras de derechos humanos.
  
• Transparentar los procesos de elección de magistradas, magistrados y fiscales.
  
• Solicitar a la comunidad internacional un acompañamiento activo.
  

También pide a los medios y la sociedad civil mantener la atención: visibilizar las persecuciones, exigir rendición de cuentas y defender la independencia judicial como base de la democracia.

Entre la ley y el miedo

La justicia guatemalteca atraviesa una de sus horas más oscuras.
En los pasillos de los tribunales, en los despachos y en los juzgados rurales, se libra una batalla silenciosa. De un lado, quienes usan la ley para callar; del otro, quienes insisten en usarla para proteger.

Guatemala todavía tiene una oportunidad,advierte la misión. Pero si el derecho sigue siendo un arma, lo que se derrumba no es solo la justicia, sino la democracia misma.