Ley de agua, deuda histórica en Guatemala y El Salvador

Por Andina Ayala (Guatemala), Nancy Hernández y Omar Martínez (El Salvador)

Edición : Daniela Sanchez Lemus

No hay agua para las comunidades, dos países  una misma realidad

La llegada del virus Sars-cov-2 o COVID-19, acentuó la problemática del agua, y mostró que no acceder al líquido vital, es una fibra más dentro del músculo robusto que es la desigualdad estructural en Centroamérica.

Lavarse las manos se volvió un hecho de discriminación en Guatemala y El Salvador, porque mientras para algunos acceder al agua no implica esfuerzos, para las comunidades sin servicio potable, significa mayor riesgo de contagio. Sin reconocer el derecho humano al agua, no hay sanciones contundentes sobre las vulneraciones al mismo. Los países centroamericanos son similares en aspectos sociales, económicos y legislativos, asimismo en la ausencia de una Ley de Agua. 

Las realidades de los municipios de Nejapa, en El Salvador, y Santa Cruz Chinautla, en Guatemala, atestiguan que en el entramado de intereses sobre el agua, los Estados se decantan por beneficiar a sectores con poder. En las agendas legislativas quedan fuera aquellas personas, incluso niñez, que diariamente cargan sobre sus cuerpos cualquier tipo de recipiente para abastecerse de agua. La gran mayoría sin un ingreso económico fijo, pagan por un servicio que no reciben, y deben estirar sus pocos billetes para comprar el líquido a otros distribuidores como las pipas comerciales, porque sin agua no hay vida.

Santa Cruz Chinautla 

El promedio de integrantes de una familia de Santa Cruz Chinautla es de seis personas. Para las necesidades más básicas no basta un barril o un tonel de agua (220 litros), este, con suerte podría abastecer, con limitaciones, los oficios de mediodía como lavar platos, cocinar y aseo. 

Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), en Guatemala las personas que viven en pobreza extrema disponen de aproximadamente de dos dólares diarios. En Chinautla, como precisó Alicia Escalante, habitante del cantón central de Santa Cruz, un barril de agua cuesta Q12.00 igual a $1.6 dólares. Más de la mitad del presupuesto diario con que cuentan los más empobrecidos para sobrevivir. 

El Índice Socioecológico Mundial (ISEM) publicado por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, registra que la población poqomam de Chinautla tiene una puntuación de 9.5/10 de pobreza extrema, una población de 114, 752 habitantes.

Estar ubicada a 12 kilómetros de la capital de Guatemala, la más grande de Centroamérica, no le ha dado mayores beneficios a Chinautla. Tampoco que el municipio cuente con riquezas mineras como arena de río y piedrín, principalmente. De las montañas se extrae selecto (tipo de cemento) y arena blanca. Legalmente existen nueve licencias de explotación y dos hidroeléctricas en un territorio de 56,2 kilómetros cuadrados. Esas mismas montañas tienen un yacimiento arcilloso del que se produce una cerámica muy especial, extraída de manera artesanal.

El gobierno estatal y municipal, no brinda apoyo a la producción de cerámica que hacen las mujeres con técnicas ancestrales desde antes de la colonización española, ni siquiera porque estos saberes y técnicas fueron reconocidos como patrimonio intangible de la nación, hace ocho años.“Estando tan cerca de la capital, la comunidad no accede a buenos mercados. Parece haber una intención gubernamental de segregar a la población”, comentó Carlos Sum, ingeniero agrónomo, consultor de emprendimientos que visita Chinautla. 

Esa misma segregación, se hace notar en la infraestructura que cambia de manera abrupta de urbana a desértica rural. Hay tramos de la carretera que son de tierra, paradójicamente en un sitio del que se extraen materiales de construcción.  Santa Cruz, tiene un aspecto degradado y abandonado. Gran parte de la población chinautleca vende su fuerza laboral a la capital, pero en empleos de baja remuneración. Algunas mujeres trabajan como empleadas de casa, pero con la pandemia COVID-19 muchas perdieron este ingreso, fue el caso de Aracely Rodas, lideresa y defensora de la comunidad, quien ha sufrido la mayor parte de su vida por la falta de agua.

El inadecuado acceso al agua, abona al deterioro de la vida y la cultura poqomam.  La distribución eficiente y potable es responsabilidad de la municipalidad de Chinautla, actualmente dirigida por Liz del Cid Medrano. Este es su segundo período de cuatro años y según los habitantes no se ha mostrado interesada por resolver la problemática. Tampoco su tío, Arnoldo Medrano, anterior jefe edil, dio solución a la problemática. Según investigaciones judiciales, el ex alcalde ha sido señalado por múltiples casos de corrupción.  Tras 17 años como alcalde (1998-2015), solo salió de la municipalidad porque no obtuvo su finiquito. En el año 2017, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), develó cómo operaba el clan que cooptó Chinautla. 

Alicia y Aracely, dos generaciones atestiguan que la municipalidad no ha garantizado este derecho a plenitud, explican que el problema se agudizó cuando “la municipalidad le transfería un pago de Q50, 000.00 ($6,478.34) como arrendamiento al dueño del terreno, el señor Luis Ernesto Montoya, pero en 2019 la alcaldesa había dejado de hacerlo”, dijo Aracely.

En ese mismo año, los líderes comunitarios investigaron y descubrieron que ya no tenían permiso para abastecerse del nacimiento conocido como Borbollón, que ha brindado agua al cantón Central y al cantón Pila Seca por décadas, mucho antes de que alguien decidiera que es propiedad privada.

Las y los comunitarios indicaron que el espejo de agua se encuentra dentro del inmueble que pertenece a la familia Montoya, quienes pretendían que la comunidad hiciera el pago mensual. A raíz de esto, en el año 2019,  los pobladores optaron por cerrar las calles por tres días, acción que afectó directamente los negocios de las areneras, pues se impedía la movilización de los camiones. En los tiempos de escasez Aracely Rodas llegó a pagar hasta Q400.00/ $53 USD al mes, sin contar el tiempo y el esfuerzo físico que conlleva el acarreo de agua. Según la población la alcaldesa los tiene aislados porque no forman parte de su lista de votantes.

Visitamos el Cantón El Durazno, situado a siete kilómetros de Santa Cruz, donde se supone, que sí llegan los proyectos de mejoramiento de la jefa edil Medrano. Pero el problema del agua se repite incluso allí.  En el Durazno, Los habitantes afirman que reciben el agua sólo una vez al mes porque la municipalidad prefiere venderla a otros lugares antes que garantizarles el servicio. 

“Es que aquí normalmente sacan el agua y la municipalidad la vende a otros lados, por eso acá no hay agua todos los días. Otra cosa es que a cada rato las tuberías están rotas. Cuando hay fuga allí se mete la suciedad. Cuando arreglaron este camino, apagaron el agua. Viene el miércoles y el sábado. Pero es puro café, viene sucio, sucio. Aunque no venga todos pagan agua”, contó Roberto López, un habitante del lugar.

En el Durazno pocos quieren hablar de la gestión municipal por temor a represalias, es por esto que algunos admiran el liderazgo que se ha ido formando en Santa Cruz Chinautla, donde las autoridades locales indígenas de los cantones Pila Seca y Santa Cruz Chinautla,  iniciaron una demanda legal contra la municipalidad. Según su testimonio, los Montoya han tenido vínculos con el exalcalde Medrano. Se intentó consultar a Liz Medrano para conocer su postura sobre estos señalamientos, y las obligaciones de la municipalidad a garantizar el saneamiento y distribución del agua, pero Edith Hilario, su secretaria, negó la entrevista. 

Las familias de Santa Cruz Chinautla y cantón Pila Seca, generaron dos proyectos de distribución del líquido, de un pequeño nacimiento de agua. Aracely Rodas relata de primera mano, cómo gestionan su proyecto alternativo de agua para el cantón Pila Seca. Hacerlo realidad les tomó un año y dos meses, pero es producto de sus propias manos y  bolsillos.

“Esta agua es privada porque se paga al fontanero, la luz, y el arrendamiento entre todos los vecinos. Se inició en junio de  2019 y se inauguró en septiembre de 2020. El proyecto es gestionado por la comunidad, recibimos una vez a la semana pero llenamos hasta 8 barriles por familia. Para flotar el proyecto necesitamos Q5,425 equivalente a US$724 mensuales”.

A veces adeudan cuando alguna de las 55 familias que forman parte del proyecto no paga. Aracely seguirá trabajando para su comunidad y para que sus hijas no carguen agua como ella lo hizo en su niñez. Es una de dos mujeres que participan en la administración del proyecto.  Están conscientes de que su comité por el agua ayuda a la mitigación de una pequeña porción de familias, por eso seguirán exigiendo que la municipalidad les garantice el servicio y que se haga una realidad el derecho humano al agua. Como veremos en la siguiente entrega de este reportaje, Nejapa y Chinautla afrontarán otros retos la calidad y cantidad del vital líquido, así como los riesgos medio ambientales que corre la captación de agua potable. 

Nejapa 

Es un municipio asentado en el manto acuífero más importante del departamento de San Salvador, su importancia radica en que abastece a los municipios aledaños. Nejapa está situado a media hora de la capital, ahí los cañales en flor predominan ante la milpa o cualquier otro cultivo. Es una zona rural dotada de nacimientos de agua pero que son acechados por nuevos proyectos habitacionales y comerciales. 

Mientras los poderes económicos como los ingenios de azúcar, la embotelladora de Industrias La Constancia (ILC) y las inmobiliarias afianzan su derecho al agua, los habitantes deben de frecuentar los nacimientos porque a pesar de tener un grifo en sus casas y pagar un recibo cada mes, el agua no cae.

Hay algunas excepciones como el caso de Heidi Guerrero, habitante de las Marías 2, quien tiene la oportunidad de llenar cántaros, barriles, botellas y a veces una parte de su pila, entre las 2 y 3 de la mañana, una o dos veces por semana; ella cuenta con el servicio de agua potable hace cinco años, una de tantas veces sin agua,  pasó cuatro meses sin que de su grifo cayera una gota, pero ella siempre ha pagado el recibo de $4.25, porque teme pagar la mora de $3.00 por mes de atraso.

“Cuando ya inicia el verano cae dos o una vez por semana y así vamos pasando, aquí sufrimos con el agua”, dice. Cuando no tiene agua paga $8.00, semanal por cuatro barriles de agua, el costo al mes podría llegar a los $40.

En Las Marías 2, es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) quien distribuye el agua potable en el país, pero esta institución autónoma no garantiza un acceso eficiente al líquido. “El problema de este caserío se repite en todas las zonas rurales de Nejapa”, describió Elida Hernández, quien fue promotora y miembro de la Unidad Territorial de la alcaldía del municipio durante tres años (2018-2020). 

“Un servicio eficiente de agua potable por parte de ANDA no se tiene. A la alcaldía le tocaba comprar pipas de agua para suministrarle a esta gente que paga esos recibos de agua que nos les llega”, declaró Hernández semanas antes de ser despedida de la municipalidad por la nueva administración. Los últimos tres años, sobre todo en verano, hasta los nacimientos de agua natural se han secado. Elida expuso el problema a ANDA, las respuestas siempre eran las mismas: “Hay una válvula dañada”, “Se están arreglando tuberías”, “El servicio pronto será restablecido”. También existen otras poblaciones, a las que la pipa no llega por el mal estado de las calles.

En Nejapa el ANDA debería abastecer a las personas, sin embargo, por falta de cobertura en la zona norte del municipio, se incursionó un proyecto entre la alcaldía y la cooperación española:  el Sistema Municipal de Aguas del Río San Antonio (SMARSA), el cual nació hace 20 años para beneficiar a 700 familias de siete cantones del municipio.

SMARSA no es auto sostenible por las condiciones económicas de las familias, en la actualidad la alcaldía cubre los gastos de reparación y mantenimiento. El exalcalde de Nejapa Adolfo Rivas Barrios, explicó que este es un proyecto “ambiguo en su funcionamiento”, no obstante, aseguró que “si el sistema no existiera, no tendría la potestad de operar uno de los pozos que se contabilizan en el municipio”. Es el único donde la municipalidad decide.

Las familias pagan $7.45 por este servicio, es una tarifa fija y a diferencia de ANDA, ellos reciben agua todos los días. Una de las beneficiadas, Estebana Flores, de 79 años, que ha vivido toda su vida en el cantón El Bonete, confirma que desde hace 15 años reciben agua todos los días, aunque solamente por las mañanas, a excepción que se arruine la tubería o se lave el pozo, en ese caso llega la pipa a abastecer. SMARSA abastece a este cantón a través de un sistema comunitario cuya fuente principal es un pozo y tanque de almacenamiento. 

“A nosotros todos los días nos cae agua, solamente que se arruine (la tubería) o vayan a lavar el pozo nos avisan, cuando no nos cae normal viene la pipa”, explicó. 

En Nejapa, a los cultivos de caña, que necesitan 3,894.80 metros cúbicos de agua por manzana, no les falta el riego. Tampoco a La Constancia, la embotelladora que opera desde 1994. Es una realidad paradójica porque las comunidades no tienen el acceso al agua cuando viven en una manto acuífero que produce una gran cantidad de líquido. El costo para tener el recursos en sus hogares es alto si se compara con las tarifas de otras zonas como en San Salvador, que rondan los $2.29. El futuro para estas comunidades se vuelve aún más gris si se tiene en cuenta que en El Salvador no existe un marco legal que establezca como prioridad la distribución a los sectores sociales, antes que los industriales y comerciales.

El 10 de junio el presidente Nayib Bukele informó a través de sus redes sociales que mandaría a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Agua, que podría tardar máximo tres meses en ser aprobada. El documento fue enviado el 18 de junio con el título Ley General de Recursos Hídricos y está siendo estudiado por una comisión Ad honorem y no por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que archivó el proyecto que estaba en discusión. Acción que ha sido cuestionada porque por primera vez en 15 años se logró un consenso en la discusión de la ley, la Comisión de la legislatura 2018 -2021 alcanzó acuerdo para 111 artículos de los 160 que tenía el proyecto. Incluso, acordaron la estructura del ente rector, sus funciones y quiénes lo conformarían. 

Sobre la propuesta del Ejecutivo diferentes organizaciones ambientales y de la sociedad civil pidieron que el proyecto de ley pase a consulta popular, pero el presidente del Órgano Legislativo dijo que no se tomaría en cuenta la petición. Los diferentes sectores de la sociedad civil están a la expectativa y se espera que se prime el acceso social, antes que el privado. Sin embargo, para Carlos Flores, miembro de Ecos El Salvador y Foro del Agua, a la nueva Asamblea se le hace fácil aprobar una ley, pero es de cuestionar a qué intereses responde. 

“Ahorita con la idea de demostrar que Arena y el Frente eran socios y no hacían nada. La pregunta que debemos responder es si los intereses que estaban antes de que llegara Nayib al poder, han cambiado. Para mí, es la misma decisión que tuvo Arena”.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Adelante en América Latina.