Por Daniela Sánchez Lemus
Si se vive en Guatemala, es fácil sentir que algo se mueve bajo los pies cada vez que se habla de justicia. No es paranoia. Es la sensación de que el sistema funciona según quién lo toca, no según la ley. Y en medio de esa inquietud aparece un nombre que se ha vuelto inevitable: Fredy Orellana. Diversas organizaciones de la sociedad civil e internacionales lo señalan como una figura clave en el uso político del sistema penal. No lo dicen para sonar técnicos. Lo dicen porque lo que pasa en los tribunales afecta la vida y las elecciones de todo un país.
Doce antejuicios. Y el reloj sigue corriendo.
Cuando alguien llega a doce antejuicios, se pensaría que algo grave está ocurriendo. Cuatro vienen del Ministerio Público, siete de denuncias administrativas. De estas, siete siguen abiertas, una fue rechazada y dos se cerraron. En un sistema sano, ese historial bastaría para activar todas las alertas. Aquí no. Aquí todo sigue igual, como si nada.
Y surge la pregunta: ¿cómo es posible? ¿Por qué nadie aprieta el freno? ¿Por qué un expediente tan cargado no produce consecuencias?
El recorrido del antejuicio es claro en el papel. Denuncia, inhibición, revisión en la Corte Suprema de Justicia, un juez pesquisidor, investigación y decisión final. Está pensado para evitar abusos y proteger la independencia judicial. En teoría, funciona, sin embargo un proceso que debería protegernos ya no cumple su propósito
El problema es que la teoría aquí no pisa tierra. Lo que debería ser un filtro técnico devino en un espacio donde la política decide qué avanza y qué se congela. Las resoluciones de Orellana han sido señaladas como ilegales y basadas en hechos falsos. Esto no es un simple error. Tiene nombre: prevaricato. Es cuando un juez dicta resoluciones contrarias a la ley a sabiendas. Suena grave porque lo es.
Aun así, ese delito nunca llega a tocarlo. Queda flotando en el aire, como tantas otras cosas en este país.
Para entender el alcance del problema, basta revisar algunos episodios que marcaron su paso por los tribunales. Son decisiones que no pasaron desapercibidas y revelan una forma de ejercer el poder judicial que ha encendido alarmas dentro y fuera del país:
1. La orden contra un partido político en plena transición democrática
Orellana ordenó dejar sin efecto la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, aun cuando la ley establece que estos procesos corresponden al Tribunal Supremo Electoral. La medida buscaba intervenir en un proceso democrático en marcha. La Corte de Constitucionalidad terminó frenando la resolución y advirtió sobre los riesgos institucionales que generaba.
2. Medidas extremas en el caso “Corrupción Semilla”
En este expediente, Orellana impuso decisiones calificadas como desproporcionadas, incluyendo traslados a prisión preventiva en condiciones duras y abruptas. Estas medidas fueron cuestionadas por el uso del poder judicial para castigar políticamente a personas investigadas, más allá de lo que permiten los hechos o la ley.
3. Apertura de procesos penales sin fundamento sólido
Ha autorizado cargos penales que fueron detenidos o desestimados por otras instancias del sistema judicial. La falta de soporte legal en varias de estas actuaciones alimentó la percepción de que utiliza el juzgado para impulsar causas sin evidencia suficiente.
4. Interferencias en áreas fuera de su competencia
En distintos momentos emitió resoluciones que pretendían intervenir en ámbitos que la ley asigna a otras instituciones. Estas decisiones generaron tensiones y derivaron en órdenes expresas de la Corte de Constitucionalidad para que respetara los límites de su función.
5. Advertencias formales por riesgo de prevaricato
Orellana recibió advertencias directas de la Corte de Constitucionalidad por resoluciones que contradicen normas constitucionales y electorales. Que un juez reciba este tipo de advertencia es un hecho grave y poco común.
6. Acumulación de denuncias que nunca prosperan
A pesar de las múltiples quejas y señalamientos, la mayoría de las denuncias administrativas contra él han sido archivadas o detenidas. Es un patrón que revela un nivel de protección que no suele observarse en otros funcionarios del sistema judicial.
7. Su inclusión en la Lista Engel
El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Fredy Orellana en la Lista Engel, un listado de personas señaladas por corrupción y/o acciones antidemocráticas. La designación lo describe como un actor que autorizó procesos penales sin fundamento y con motivaciones políticas. Esa inclusión lo coloca bajo sanciones internacionales, dejando claro que su actuación no pasó desapercibida fuera del país.
Protección institucional al descubierto
La protección que rodea a Orellana no es accidental. Forma parte de un engranaje que busca frenar investigaciones, bloquear cambios y mantener activa una estructura de impunidad que afecta a toda la población.
Y aunque estos movimientos no siempre se ven, sí se sienten. Debilitan la confianza en el sistema, erosionan la idea de justicia, golpeando la posibilidad de creer que las cosas pueden mejorar.
Parte de la crisis gira en torno a la estructura que le da apoyo.
El juez Víctor Cruz, del Juzgado Décimo Penal, se abstuvo de conocer una querella presentada contra Orellana por más de veinte diputados oficialistas enviando el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Cruz argumentó que, por ley, no podía evaluar el fondo del caso y debía remitirlo. Esa decisión refuerza la idea: para muchos, el antejuicio ya no es una vía hacia la justicia, sino un mecanismo que, mal implementado, diluye la rendición de cuentas.
Mientras tanto, la CSJ sigue sin una postura pública clara sobre estas denuncias, manteniendo en el aire si habrá un proceso serio o una respuesta institucional contundente.
Mes tras mes, un patrón que se repite. De mayo a septiembre de 2025, los antejuicios llegan uno tras otro. Un goteo constante. Y cada nueva denuncia se suma a un archivo que parece no tener fondo. Aun así, nada cambia. Ninguna institución actúa con la fuerza que la situación requiere.
Las cifras cuentan una historia que ya conocemos. Cuatro denuncias administrativas siguen abiertas, una fue rechazada y dos se cerraron. Nada sorprende. Nada se mueve. La matemática de la impunidad vuelve a cuadrar.
Elecciones 2026-2027: lo que viene está en riesgo. Esto no es solo un problema de los tribunales. A meses de un ciclo electoral crítico, hay señales que deberían preocupar a toda la población: las elecciones judiciales de 2026 y las generales de 2027 podrían verse afectadas si no se detiene el uso político del sistema penal.
Porque cuando la justicia se convierte en un arma, nadie está a salvo. Ni las voces, ni los votos, ni las decisiones que marcarán el rumbo del país.
Urgencia: marcar un límite antes de que sea tarde. El dictamen de la sociedad civil es claro: hay que poner un límite. Una sanción contra Orellana no resolverá la crisis de inmediato, sin embargo, marcaría una línea. Diría que la justicia todavía puede levantar la mano frente al abuso. Que todavía importa.
Con el calendario electoral acercándose, este no es un pleito entre élites ni un drama interno del sistema judicial. Es una advertencia para toda Guatemala. El país tiene una oportunidad real de corregir el rumbo. La pregunta es si las instituciones tendrán la voluntad de hacerlo.
Y la otra pregunta es si la ciudadanía lo exigirá.