Por Daniela Sánchez Lemus

Agosto cerró con 318 homicidios, la cifra mensual más alta de los últimos cinco años, según la PNC. En septiembre las estadísticas bajaron, pero el historial de 2019 y 2023 deja una duda inevitable para los comicios generales de 2027: ¿la violencia homicida realmente se dispara durante los años electorales?

Caminar por la calle, escuchar ráfagas y quedar en medio de una balacera. No discutir con nadie, no conocer a los agresores y, aun así, morir.

Ocurrió el 14 de octubre en la zona 4 de la capital. Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, de 42 años y gerente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), recibió un disparo mientras caminaba en la 7.ª avenida y Vía 1. Los datos preliminares de la Policía indican que quedó atrapado en medio de un altercado entre un automovilista y un motorista. Corresponderá a la investigación determinar las responsabilidades.

Tres días después, la violencia confirmó que no necesita esperar un calendario de votaciones para cobrar vidas. El 17 de octubre, el abogado, exfiscal, exsuperintendente de la SAT y analista político, Juan Francisco Solórzano Foppa, fue asesinado a tiros mientras dirigía un partido de fútbol en Campo Marte, en la zona 5. En el mismo ataque murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro,auxiliar de Información Pública de la Federación Deportiva Nacional de Judo. Las autoridades lo tipificaron de entrada como «víctima colateral». Aguilar no discutía con nadie ni tenía relación con los motivos del atentado; la diferencia es que el comando armado iba directo a matar a Foppa —conocido por sus denuncias sobre corrupción y crimen organizado—, mientras que Aguilar estaba a su lado en la cancha.

El crimen dejó en evidencia las fallas del resguardo estatal. Foppa contaba con protección desde 2010 —escoltas que conservaba tras su paso como fiscal del Ministerio Público—, un esquema a cargo de la División de Protección de Personalidades (PPS) de la PNC que había sido reforzado el año pasado debido a su alto perfil político. Aquella tarde en Campo Marte tenía cuatro agentes asignados para su seguridad, pero a la hora de las ráfagas los policías estaban a unos 30 o 40 metros, concentrados en cuidar a su hijo menor.

La Policía investiga la pista de un grupo de al menos cuatro hombres con ropa deportiva específica. El problema es que el caso tropezó desde el inicio: detuvieron a dos hermanos que poco después quedaron libres por falta de mérito, un revés que puso de cabeza el procedimiento policial. La investigación sigue abierta y las autoridades prefieren no apresurar conclusiones con conjeturas, pero el hecho demuestra la falta de cumplimiento de protocolos para determinadas capturas y lo expuestas que están ciertas figuras en la vía pública,

A esa inseguridad urbana se suma el desgaste de los conflictos territoriales en los departamentos, donde las comunidades y la niñez quedan bajo el fuego. A mediados de octubre, un video grabado en una escuela situada entre Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, expuso esa realidad sin rodeos: niñas, con sus mochilas puestas, tiradas al suelo, asustadas, llorando debajo de los escritorios mientras afuera sonaban las ráfagas.

Son escenas cotidianas en zonas de conflicto que van más allá de los crímenes de alto perfil. Muestran un abandono estatal generalizado que deteriora la vida comunitaria justo a las puertas de un proceso electoral que requerirá mínimas garantías para votar sin miedo.

Si las balas alcanzan a quien camina por la calle o litiga en un juzgado, también coaccionan a quien investiga. Los ataques a la prensa no son hechos aislados; reflejan el riesgo permanente de fiscalizar al poder. La Red Rompe el Miedo Guatemala registró 51 casos y 73 agresiones contra comunicadoras y comunicadores solo en el primer semestre de 2026.

La lista de crímenes suma nombres y territorios: el periodista comunitario Carlos Humberto Cal Ical, asesinado el 26 de abril en San Cristóbal Verapaz; Edin Alonso y Hugo Gutiérrez, del medio Noticias Caballo Blanco, acribillados el 11 de agosto en Retalhuleu; y Evelio Lisandro López Sánchez, ejecutado la noche del 2 de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango.

Las agresiones no siempre vienen en forma de disparos. La Red advierte que los bloqueos a la información, las campañas de desprestigio y el acoso en redes funcionan como un freno cotidiano contra la prensa.

Rumbo a 2027, el escenario preocupa. La desconexión del Congreso de la República con las demandas de la población se refleja también en el olvido del gremio periodístico: las iniciativas para proteger a la prensa llevan años congeladas, arrastrando una deuda pendiente desde los Acuerdos de Paz. A eso se suma el papel de instituciones como la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), cuyos protocolos de protección no salen del papel. Sin leyes ni salvaguardas reales, informar se vuelve una tarea de alto riesgo.

Junto a los ataques dirigidos coexiste la violencia común, la que no entra en la categoría de «política» pero define el ambiente en el que se votará. Entre enero y los primeros días de octubre de 2026, los datos oficiales suman 364 muertes violentas de mujeres —frente a las 328 del mismo periodo en 2025—, la mayoría por heridas de bala. También están los asaltos diarios que terminan en homicidio cuando alguien reacciona para defenderse.

Son hechos ajenos a las campañas o a los partidos, pero ignorarlos dejaría un retrato incompleto: Guatemala no llega a 2027 con un solo tipo de delito, sino con varias violencias cruzadas.

Las cifras detrás de la violencia

Agosto de 2026 cerró con 318 homicidios, según la PNC, fue el número mensual más alto en cinco años.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), en septiembre, los casos bajaron a 257 (67 menos que en agosto). En el acumulado de enero a septiembre, el CIEN contabilizó 2,335 homicidios frente a los 2,397 de 2025: una reducción de 62 casos.

El dato revela un matiz clave: las cifras acumuladas pueden bajar en el año y, aun así, registrar meses violentos con picos repentinos.

Con los reportes actuales no se puede confirmar si los últimos tres meses del año mantendrán una tendencia al alza. Para eso, habrá que esperar los datos consolidados y cotejarlos con años anteriores. Lo que sí se puede analizar es cómo operaron los procesos electorales anteriores.

¿Qué pasó en 2019 y 2023?

Para buscar un patrón conviene separar la violencia política contra candidatos de la violencia homicida general.

En 2019 no hubo una escalada continua de homicidios  previa a las votaciones. Los registros del Ministerio de Gobernación y el PNUD muestran que el pico ocurrió en julio (después de la primera vuelta) con  395 homicidios, mientras que agosto cerró con 269 (menos que los 334 reportados en agosto de 2018).

El año 2023 se movió de otra forma. La organización civil Diálogos reportó 1.384 homicidios en el primer semestre y en el segundo 1.558. (174 casos más en la segunda mitad del año). Al comparar el tramo de julio a diciembre de 2023 con el de 2022, el aumento fue de 74 crímenes.

Diálogos alertó que entre julio y noviembre de 2023 las muertes superaron las proyecciones de su modelo. Ese tramo coincidió con la campaña y los meses posteriores a las urnas.

Ataques directos a candidaturas La violencia política durante 2023 quedó registrada por misiones internacionales. Entre enero y junio, la Misión de Observación de la OEA contabilizó seis ataques armados directos contra aspirantes a alcaldías: cuatro terminaron en homicidio y dos en intentos de asesinato, además de agresiones a otros integrantes de partidos.

Por su parte, la Misión de la Unión Europea reportó ocho candidatos asesinados durante la primera vuelta y ninguno en la segunda. Al tratarse de metodologías y periodos de observación distintos, ambos informes no deben sumarse como si fueran cifras acumuladas.

Las agresiones tampoco terminaron el día de la votación. Diálogos documentó 21 hechos de violencia poselectoral entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, incluyendo un homicidio y cuatro atracos vinculados a disputas por alcaldías. El dato confirma lo que se vive en los municipios: las pugnas por el poder local no se resuelven solo en las urnas.

Mirar el mapa rumbo a 2027

El año 2023 dejó dos lecciones que no hay que confundir: hubo meses con picos de homicidios por arriba de lo previsto y hubo ataques directos a candidatos. Sucedieron al mismo tiempo, pero responden a dinámicas distintas.

Con ese escenario, la pregunta para 2027 va más allá de medir si los homicidios suben o bajan en época de campaña. El punto central es si las estructuras criminales aprovechan la contienda para marcar territorios, silenciar voces o ganar impunidad. Los datos de 2019 y 2023 no muestran una regla matemática; obligan, más bien, a fiscalizar el mapa municipio por municipio, revisar los perfiles de las víctimas y exigir respuestas a las alertas tempranas.

Si existe un patrón de violencia electoral, no saldrá en la portada de un solo mes. Aparecerá en el mapa territorial y en el perfil de quienes terminan amenazados o asesinados. Esa es la información que la sociedad civil y el periodismo deben fiscalizar de ahora en adelante.

De cara a 2027, la pregunta no es solo si matan a más candidatos,si vulneran la participación política y ciudadana o criminalizan el periodismo de investigación. Escenarios en que corresponde a instituciones del Estado, en funciones, frenar una violencia que no distingue lugares: la misma que puede alcanzar a cualquier persona que va caminando por la calle.