Por Andina Ayala
Los casos de violencia contra la mujer del primer mes del 2021, son abrumadores. Que sigan en aumento se debe, por lo menos, a dos factores: una escueta campaña de prevención y al difícil acceso a justicia de delitos contra la mujer.
A la fecha, se registran acumuladas 2,648 denuncias por diversos tipos de violencia contra la mujer, de ellas solo 27 agresores han sido condenados en lo que va del año. “En promedio se requieren tres años para que el sistema de justicia emita una sentencia en primer grado, para casos de violencia contra la mujer”, explica Paula Barrios, coordinadora de la organización no gubernamental Mujeres Transformando el Mundo (MTM).
En el tema de violación sexual, el Estado soluciona entre el cinco y diez por ciento de delitos, además “son más de 600 días (más de dos años y medio), para que un caso de violación se resuelva”, afirma Karina Méndez, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG).
Méndez, comparte un ejemplo de cómo afecta la ineficacia de las instituciones judiciales: “Supongamos que una menor de edad pone una denuncia por violación sexual, se le otorgan medidas de protección, la niña adolescente, sale de su hogar porque allí está el agresor. El sistema gira la orden de aprehensión, pero ¿cuántos días pasan para que se ejecute la orden? Conozco casos en que hay sindicados, que tienen tres o cuatro años y no se ejecuta la orden. En este sentido, el sistema sí juega en contra de la víctima. La niña está fuera de su hogar y mientras no se ejecute esa aprehensión no se pueden establecer los hechos y continuar con el proceso”.
Mientras esto no sucede, el agresor puede seguir abusando de otras mujeres. La información que brinda el portal del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público (MP), indica que solo 27 agresores han sido condenados, de 2,648 denuncias de distintos tipos de violencia contra la mujer, durante el primer mes del año 2021, mientras que cinco han sido enviados a prisión preventiva, haciendo justicia a tan solo 15 víctimas. En cuanto al delito de femicidio, la institución señala que se han registrado 23 víctimas, y dos agresores condenados.
Las estadísticas señalan que ocho de cada diez víctimas, son mujeres adultas, las otras dos son niñas o adolescentes. Se ha recibido 309 denuncias por violación sexual, no obstante, solo 12 órdenes de aprehensión han sido giradas, siendo condenados a ocho años de prisión a cinco agresores. Solo tres casos han recibido justicia.
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Para 2020, el Observatorio del MP, registró 60,199 denuncias por violencia contra la mujer en su forma física, psicológica y económica. De los cuales 1,390 agresores fueron condenados, haciendo justicia a 19,037 de las víctimas. En cuanto a femicidios, la institución contabilizó 455 víctimas, siendo condenados 120 agresores con 23 años de prisión en promedio. Tan solo se hizo justicia a 60 víctimas.
El Organismo Judicial un embudo para alcanzar justicia
Paula Barrios, indicó que en promedio se requieren 3 años para que el sistema de justicia emita una sentencia en primer grado para casos de violencia contra la mujer, evidenciando un mecanismo ineficaz.
En su opinión, existe una estrategia de “litigio malicioso” por parte de los abogados defensores de los sindicados de delitos contra la mujer. Además, la respuesta técnica y científica de las instituciones encargadas de las evidencias criminales, no son suficientes: “El MP no ha sido capaz de determinar científicamente cómo y dónde murió. Hay falta de recursos para determinar qué pasa con los cuerpos que son encontrados y otras violencias son invisibilizadas”, aseguró Barrios.
Durante el fin de semana, se sumaron a la espera, los casos de las 5 capturas que realizó la Policía Nacional Civil (PNC), por delitos contra la mujer en distintos puntos del territorio nacional, incluidos los presuntos femicidas de Luz María López Morales, investigadora del MP, hallada en un tragante de la Avenida Simeón Cañas de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, y de Cindy Lauriana Chacón López, asesinada en Tiquisate, Escuintla, crimen en donde también se implicó a su cónyuge.
Aprehensiones ejecutadas por PNC el 23 y 24 de enero de 2021:
→Jorge Rafael Zea Mejía, esposo y presunto responsable del femicidio de Luz María López.
→Edwin de Jesús Escobar López, principal sospechoso del asesinato con arma blanca de Cindy Lauriana Chacón.
→Henry Geovanny Cuxe Barrientos, de 35 años, capturado en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, cuando violaba sexualmente a su sobrina de dos años.
→ Ángel de Jesús Villagrán Lemus y Edwin Rolando Pérez, ambos de 27 años, por asesinar con proyectil de arma de fuego a Nora Veraliz Ramos Martínez, de 43 años, en la zona 18.
→Joel Antonio Yañez Valdez por el asesinato de su cónyuge en la aldea El Sillón, Yupiltepeque, Jutiapa.
→ Erick Alberto Ordoñez Hernández, de 27 años, por agresión física a una mujer de 19 años en el parqueo de una gasolinera en el kilometro 115 de la Ruta CA-1, aldea Cerro Gordo, Jutiapa.
→Jairo Ismael Chén Escobar, de 27 años, sindicado por agresión sexual con una orden de aprehensión del 20 de marzo de 2017, en la zona 2 de Cobán, Alta Verapaz.
→ Cinco presuntos pandilleros por el asesinato de dos mujeres en Mataquescuintla, Jalapa. Dos de ellos sindicados al delito de femicidio.
Para Barrios, las mujeres reciben justicia de manera “parcial”, debido a que las autoridades “se enfocan en lo más evidente, como la perdida de vida”, sin considerar una serie de violencias previas a ello. “El país se queda corto al momento de sancionar cada una de las violencias, no solo lo evidente como el femicidio. Atrás hay otras violencias que se deben juzgar, porque o si no, el mensaje es que todo es permitido”, concluyó.
En este mismo sentido, Karina Méndez, señala que solo el 30 por ciento de los casos que ingresan han tenido acceso a la justicia. Otro vejamen es que “el 90 por ciento de casos de violencia contra la mujer, se conmutan”, es decir, pagan la multa para no ir a prisión. Lo que sucede después es que el agresor no tiene ningún tipo de seguimiento. “Puede regresar a amenazar o violentar a la víctima”, subrayó Méndez.
Paradójicamente, los delitos que se conmutan, como los de violencia contra la mujer, son los más denunciados. Es casi seguro que la mayoría de mujeres denuncian dos o tres veces a su agresor. Hay una dinámica de culpar a la víctima porque no sigue el proceso, pero claramente no lo hace porque no se satisfacen los intereses de la víctima, enfatizó Méndez.
Avances y oportunidades de mejora para acceder a justicia
En opinión de Karina Méndez: “Guatemala es uno de los países que cuenta con cuerpos normativos interesantes, pero el problema es que estos no se financian”. Un ejemplo claro es la Ley de Búsqueda de Mujeres, que al no contar con un reglamento, se ve limitada en su aplicación, aunado a ello desde el año 2018, busca fondos económicos.
“Uno de los retos es generar estos financiamientos y seguir involucrando a la sociedad para generar mecanismos más eficientes. El otro, es que estamos acostumbrados a un tipo de justicia retributiva y no restaurativa, creemos en la venganza. Pero hay delitos como los conmutables en los que los agresores deben tener un tipo de seguimiento. Como sí se hace, con los adolescentes en conflicto con la ley penal”, aseguró Méndez.
Es necesario darle seguimiento a los casos de mujeres que han denunciado dos o tres veces.
Otra oportunidad de mejora está en la atención primaria de violencia contra la mujer. Que sea otra mujer, por ejemplo, quién tome la denuncia, especialmente cuando se trata de casos de violación sexual.
Guatemala ha mejorado mucho porque ahora las mujeres tenemos conocimiento de dónde ir a denunciar. El MP tiene cobertura del cien por ciento, siendo así, se hace imperante un acercamiento a la comunidad, para que coordinen con la población acciones puntuales.
Méndez, insiste en que una gran oportunidad de mejora es invertir en que la sociedad integre acciones puntuales de prevención de violencia, en la búsqueda y en la difusión de los mecanismos de denuncia.
Según el reporte Estadístico de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, las denuncias de violencia intrafamiliar, aumentaron en 2020 respecto a 2019.
(Nota realizada con la colaboración de recopilación de datos de María España)
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