Por María López Gordillo
La historia se repite. En Guatemala, empezamos otro año con más femicidios que días en el calendario. Como señala el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), en un comunicado, al 28 de enero han sido asesinadas 42 mujeres. En el mismo periodo, en 2020 fueron registradas 45 muertes violentas, mientras en el año 2019, se reportaron 59; y en el 2018, 74 casos. Aunque ha sido un problema histórico, no debe ser normalizado. Diversos sectores de la población, especialmente colectivas de mujeres, manifestaron en la plaza, a través de sus plataformas de denuncia y en redes sociales, la no tolerancia a estos hechos de violencia. Y es que estos actos delictivos son solo la punta del iceberg, la máxima expresión de violencia esconde un ciclo más profundo y menos visible. Además del femicidio, la violencia física y sexual; existen otras formas de violencia contra las mujeres: económica, patrimonial, psicológica y simbólica. A pesar de ser las más comunes, son las menos sancionadas.
Según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público (MP), cuatro mujeres desaparecen al día. Detrás de esa desaparición forzada, se desarrolla una serie de violencias que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Esa misma fuente indica que “en el año 2021, se protegió o respondió con justicia a 686 víctimas de Delitos en contra de la niñez y mujeres, a nivel nacional.” Esto representa únicamente el 20% de las 205 denuncias diarias que aún buscan justicia[1]. El vil asesinato de Hillary Saraí Arredondo de León, de 3 años de edad, conmocionó al país recientemente. Nos recuerda que detrás de cada número, hay un nombre, una vida, una historia que vale. Adquiere más relevancia el himno de Las Tesis, particularmente aquella frase que reivindica: «Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía«. Solo entonces la sociedad deja de enfocarse en la víctima, para señalar al agresor, al victimario. Los responsables de estos delitos también tienen nombre y apellido, y deben ser juzgados.
Hablar de los verdugos, y del sistema que los forma, es fundamental en todo caso. Entender la dinámica de la violencia nos exige aceptar que no sucede de forma casual, sino que hay una lógica detrás. Y que ninguna forma de violencia se perpetúa sin una forma de legitimación. La matriz bajo la cual se normaliza la violencia contra las mujeres, está marcada por el machismo, la misoginia y el orden patriarcal; que se reflejan en las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas; en las relaciones de convivencia cotidianas. Algunos ejemplos pueden ayudar a simplificar estas ideas. En general, las mujeres tenemos menos cuotas de poder, salarios más bajos, mayor carga doméstica, menor acceso a educación, entre otras situaciones. Por otro lado, se nos considera inferiores en cualidades y destrezas, se nos percibe más débiles. Los fundamentalismos religiosos, la desigualdad y los roles de género, así como el sexismo y la impunidad, le dan al hombre ese poder de ejercer control sobre las mujeres y su cuerpo, de violentarlas, de restarles libertades, de cualquier manera.
Volviendo a las víctimas, se les piensa como sujetas pasivas, se les desacredita. En vez de reconocer sus formas de resistencia, se les estigmatiza y culpabiliza. “Saber en qué andaba metida”, “andaba en un lío de faldas”, “ella lo provocó”, “eso le pasa por puta”…, presunciones de este tipo también son mecanismos de legitimación de la violencia y la agresión. La subhumanización de la persona, la insensibilización frente al sufrimiento, hacen posible el horror a gran escala. Dos casos han sido paradigmáticos en Guatemala: el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz y el de María Isabel Véliz Franco. En este último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), identificó que la actitud de las autoridades fue de indiferencia y negligencia de manera sistemática, la cual demostró que el Estado de Guatemala era responsable, por no haber actuado con la debida diligencia ante la inminente situación de riesgo en la que se encontraba la niña María Isabel. La Alerta Isabel-Claudina, se creó como una medida de no repetición.
Si bien, ha habido avances, también se han dado graves retrocesos. Uno de ellos cuando el presidente Alejandro Giammattei, anunció el cierre de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), para sustituirla por una comisión de menor rango[2]. Luego, la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, cedió al ministro de Gobernación la llave de una oficina para atender a mujeres víctimas de violencia. Gendri Reyes había sido acusado por la sociedad civil de ordenar la violenta represión de la manifestación pacífica del #21N, incluyendo el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), para capturar a varias mujeres que protestaban en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución. A pesar de las varias denuncias hechas por Luz María del Rocío López Morales, ella no recibió protección. Su familia activó la alerta Isabel-Claudina. Hoy, su esposo es el principal sospechoso de su desaparición y asesinato.
El sistema de justicia guatemalteco es débil e incipiente, cuando no corrupto e impune. Y el Estado es cómplice. Cómplice cuando permite el litigio malicioso, cuando evade su responsabilidad de proteger, cuando socava la institucionalidad existente. La violencia adquiere un carácter sistémico, estructural e institucional. En el caso de María Isabel, la CIDH planteó que el Estado guatemalteco era responsable por:
Incumplir su deber de prevención, al no haber adoptado ninguna medida a raíz de la denuncia por la desaparición de la niña María Isabel Veliz Franco. Por no investigar de manera efectiva los hechos relativos a su desaparición, maltrato y muerte. Porque las investigaciones relacionadas con los hechos del caso se llevaron a cabo de forma sesgada y discriminatoria. Porque las investigaciones relacionadas con los hechos del caso no se adelantaron con la diligencia debida. Porque las autoridades a cargo de las investigaciones han incurrido en retardo injustificado. Porque no se ha investigado y sancionado a las y los funcionarios responsables por las irregularidades cometidas en la investigación. Por el sufrimiento que las distintas violaciones cometidas en contra de la niña María Isabel y que le han causado un daño irreparable a la familia de María Isabel. Y porque el presente caso, da muestra de las violaciones cometidas a la sociedad en su conjunto por los niveles de impunidad, y como un claro obstáculo para el ejercicio y disfrute del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, como responsabilidad y compromiso del Estado de Guatemala.
Para que la historia no se repita, el Estado de Guatemala no solo debe cumplir y garantizar la aplicación de las políticas públicas existentes para la prevención, atención, sanción, y reparación integral de la víctima; orientadas a erradicar las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas. También hace falta promover una educación laica con enfoque de género, que sea inclusiva y priorice la formación en educación sexual y reproductiva. El sistema político tiene la misma obligación de fomentar la participación ciudadana y el empoderamiento de niñas y mujeres: indígenas, mestizas, diversas. Por su parte, el fortalecimiento del sistema de justicia está profundamente ligado a la lucha contra la impunidad. En ese sentido, apegarse a los compromisos adoptados a nivel nacional, regional e internacional es transversal. Sobre todo, a aquellos enfocados en garantizar el derecho a vivir libres de violencia.
[1] http://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/
[2] https://www.agenciaocote.com/blog/2020/06/24/expertas-de-la-onu-muestran-su-preocupacion-por-el-cierre-de-la-seprem/