La hondureña María Felícita López es defensora de los derechos humanos, de las mujeres y del ambiente en su país desde que era adolescente. Su trabajo en los últimos 20 años hizo que la edición centroamericana de la revista Forbes la incluyera entre las 100 mujeres más poderosas del istmo en 2022.
Texto Lesly Banegas Frazier
En Honduras, la lucha por defender los derechos humanos y el ambiente tienen nombre, voz y rostro de mujer. Uno de esos rostros es el de María Felícita López, una lideresa indígena lenca, integrante y promotora del Consejo Municipal de Mujeres Indígenas y el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH), entre otras organizaciones.
«En las comunidades, municipios y departamentos nos enfrentamos a intimidación, criminalización y femicidio por empresas mineras, hidroeléctricas, eólicas y madereras”, dice Felícita, quien es activista y lideresa desde hace 20 años. Ella tiene un ojo puesto en la defensa del territorio y el otro en la defensa de los cuerpos de las mujeres.
La primera vez que Felícita acudió a un juzgado para defender los derechos de una mujer tenía 15 años de edad. Su padrastro había abusado sexualmente de su hermana de 11 años de edad y la dejó embarazada.
Felícita recién había regresado a San Isidro del Volcán en el municipio de Santa Elena, La Paz, donde nació y actualmente vive, para hacerse cargo de su hermana. Regresaba después de ocho años de trabajar en Tegucigalpa en oficios domésticos con una familia, a quien su mamá la entregó cuando ella tenía sólo siete años de edad, y vivían en condiciones de pobreza, como ocurre con cientos de niñas y mujeres indígenas que también migran a la capital para trabajar frecuentemente sin remuneración ni acceso a salud, según la Red de Trabajadoras Domésticas en Honduras.
La Paz es uno de los departamentos de Honduras donde la mayoría de la población es indígena lenca. Esto, en un país donde más del 70 % de su gente sobrevive bajo la línea de pobreza, según El Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).
Felicita regresó para proteger a su hermana, aunque ella misma tenía miedo. Felícita también había sido víctima de violencia y abuso sexual en la capital, y en otras ciudades donde trabajó.
No lo denunció, y nadie la ayudó. “Sólo tenía que trabajar, callar y obedecer”, recuerda. Lo hizo durante años, en varias casas, hasta que supo qué había ocurrido a su hermana. Entonces ambas, siendo aún niñas, denunciaron el caso y exigieron justicia, aunque chocaron contra un muro.
«La Fiscalía lejos de investigar la denuncia por violación sexual comenzó a hostigarme y discriminarme por ser menor de edad”, recuerda Felícita. Su padrastro quedó sin castigo, ella junto a otros familiares se hicieron cargo de su hermanita.
Actualmente Felícita tiene 35 años de edad, pero es reconocida a nivel nacional e internacional por su labor en defensa de los derechos humanos y de la tierra.
Felicita López durante la entrega del reconocimiento Carlos Escaleras por su labor como defensora del territorio. Fotografía: Radio Progreso
Normalizar la denuncia, no el silencio
El caso de su hermana fue un parteaguas. No fue el último episodio de violencia en su vida, pero fue el primero de muchos que denunciaría, y que la llevaría a promover la cultura de la denuncia en su comunidad.
Felícita tenía 16 años cuando formó un hogar con Alejandro Vásquez, padre de sus 4 hijos, quien la maltrató en los primeros años de relación. En tres ocasiones intentó huir de esa realidad quitándose la vida porque nunca normalizó tanta violencia hacia las mujeres. Siempre que podía trataba de denunciarla, pero como pasa con la mayoría de las víctimas de la violencia, por su condición de mujer no obtuvo respuestas.
«Con el apoyo de mis tíos y primas organizadas en los Consejos Indígenas Territoriales, logré ser parte de MILPAH, que me permitió comenzar a luchar contra la violencia en mi propio hogar y en la comunidad”, relata Felícita, quien integra un grupo de autoayuda que acompaña a mujeres víctimas de violencia con atención psicológica y asesoría legal.
La violencia contra las mujeres es una pandemia permanente en Honduras. Solo en los primeros cinco meses de 2022, unas 788 niñas fueron agredidas sexualmente, según datos que recopiló el Observatorio de Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDM). Esta organización revela que, hasta el 31 de octubre de 2022, ocurrieron 240 muertes violentas de mujeres según registros de prensa.
La violencia desde el Estado
Después del Golpe de Estado de 2009, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el Estado aprobó al menos 300 proyectos hidroeléctricos violentando el debido proceso y el derecho de las comunidades indígenas a una consulta previa, libre e informada tal como manda el Convenio 169 de la OIT.
En 2011, la lideresa Berta Cáceres llegó a la comunidad de Felícita para advertir que tres proyectos hidroeléctricos habían sido otorgados a la ex vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada nacionalista Gladys Aurora López. En 2016, Cáceres fue asesinada por su lucha en defensa de los ríos de Honduras, pero en los cinco años anteriores, dejó una huella profunda en Felícita.
Los foros informativos sobre derechos indígenas y el Convenio 169 de la OIT que organizaron Cáceres y su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en las comunidades lencas fueron otro parteaguas para Felícita. “Fue a partir de entonces que comencé a reconocer el cuerpo y el territorio como uno solo”, sostiene Felícita.
La lucha en el terreno
Actualmente, la exdiputada del Partido Nacional Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro tienen tres concesiones hidroeléctricas en La Paz: Aurora I, en el Río Zapotal de San José; Aurora II, en Guajiquiro, La Paz, y Los Encinos, en el Río Chinacla en Santa Elena. Todos son ríos sagrados para el pueblo lenca.
Sin embargo, Felícita es una de las mujeres, que junto a las organizaciones indígenas, ha resistido a la poderosa ex diputada López, y su cuerpo de seguridad militar. ”Los trabajadores de la empresa Los Encinos no nos dejaban dormir”, recuerda con una risa nerviosa lo vivido en 2015.
«Durante la noche trataban de meter maquinaria para comenzar la construcción del proyecto. Escuchábamos un movimiento raro y nos tocaba salir para defender la autonomía de nuestro territorio”. Aquello, contó, desató una persecución estatal y criminal contra ella, las otras mujeres y sus compañeros de vida. Además, se rompió el tejido social debido a la práctica de asistencialismo de la diputada y sus trabajadores.
“Una de las agresiones más difíciles y duras fue cuando criminalizaron a nuestros esposos por el delito de narcotráfico”, relata Felícita. “Yo me tuve que quedar sola con mis hijos, porque mi esposo se fue a El Salvador por 5 años para evitar ser encarcelado o asesinado”, dijo asegurando no tener confianza en el sistema judicial de Honduras.
Según la lideresa, el actual alcalde de Santa Elena, Alexis Ventura, la ex diputada Gladys Aurora e integrantes del Partido Nacional denunciaron a su compañero y otros vecinos en represalia por la lucha contra la represa. Felícita está convencida que el Estado criminalizó a sus compañeros como estrategia para desmovilizarlas.
“Fue duro porque estaba embarazada de cuatro meses y mis otros hijos tenían uno, tres y seis años”, añade Felícita. “Me tocó trabajar y mantenerme en la lucha”. Para sobrevivir, vendía los pocos limones, plátanos y otras frutas que cosechaba en el patio de su casa para alimentar a sus hijos. Cuando no conseguía dinero, pasaban días sin comer. La desnutrición y anemia severa le provocaron un aborto espontáneo, a la vez que las autoridades de salud pública y Ministerio Público la responsabilizaron del aborto que sufrió.
El hostigamiento y las amenazas fueron tales que, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Honduras adoptar medidas de protección para garantizar y proteger la vida e integridad física de Felicita y otros líderes y lideresas de su comunidad indígena. Ese año, policías y militares allanaron su casa, supuestamente buscando drogas, celulares y dinero.
El país más peligroso
Entre enero y agosto de 2022, hubo 72 ataques contra grupos de personas defensoras, y 120 víctimas, quienes a costa de su vida y la de su familia defienden el agua y el bosque en sus territorios, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estas cifras explican por qué Honduras es considerado uno de los países más inseguros para los defensores y defensoras, los derechos humanos y el ambiente. En los últimos años con la profundización del modelo económico extractivo se generó más pobreza y un deterioro en términos de impacto ambiental incalculable.
He tenido bastante miedo, porque es más peligroso el poder del Estado que el patriarcado”, explica Felícita. ”Porque ante el patriarcado, si una se empodera, no se deja dominar, mientras que el poder del Estado es terrible porque es de plata, y una contra ese poder no tiene cómo defenderse”.
Para esta lideresa, la única solución es luchar por el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres, como cuando defendió a su hermana hace 20 años. La conexión que existe con sus ancestros, ancestras y la tierra alimenta su lucha. Felícita cree fielmente en la necesidad de dejar un legado y lugar para vivir a las futuras generaciones.
Reportaje realizado con el apoyo de laInternational Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
Regresar a página principal: