Una de las luchas ambientales más emblemáticas en Honduras es la conocida como Caso Guapinol, donde más de 30 liderazgos comunitarios han sido criminalizados por oponerse a la explotación minera a cielo abierto que realiza la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lennir Pérez y Ana Facussé.
Texto: Lesly Banegas Frazier
Mucho se ha escrito y hablado sobre esta comunidad que se ubica en el municipio de Tocoa departamento de Colón. Especialmente porque 8 de sus pobladores enfrentaron un proceso de criminalización y encarcelamiento injusto por más de dos años, acusados de asociación ilícita, daños e incendio agravado. Situación repudiada a nivel nacional e internacional hasta por el propio sistema de las Naciones Unidas.
Sin embargo poco se menciona de la fuerza que sostiene esta lucha. De quiénes son las mujeres que han venido resistiendo desde la casa, en las calles, campamentos y hasta tribunales en contra de una empresa minera que amenaza su montaña y ríos, y en contra de un sistema patriarcal que la condena por ser mujeres, pobres y defensoras del agua y la tierra.
Con una mano sosteniendo un micrófono para hacer sentir su voz, y con la otra a su hija menor para tomar fuerza, Juana Zuniga (Monchy), no deja de denunciar las violaciones a los derechos humanos y daños ambientales que padece su comunidad producto de la actividad minera, pese a las amenazas, hostigamiento y procesos de criminalización.
Junto a ella Gabriela Sorto (Gaby) y decenas de mujeres madres, abuelas, hijas, hermanas defensoras ambientales, todas sobrevivientes de la violencia que ha provocado la imposición de un proyecto minero en el corazón de una de las reservas naturales más importantes del país; el parque nacional Carlos Escaleras, el cual lleva el nombre del líder ambientalista que se opuso a la construcción de proyectos que afectarían la región del Bajo Aguán y cinco comunidades. Escaleras fue asesinado hace 25 años por desconocidos mientras se dirigía a su negocio en la ciudad de Tocoa. Una muerte, que al día de hoy, permanece impune.
Cuando llegó la minera
Monchy es una joven madre de tres niñas. En los últimos 2 años tuvo que asumir sola la responsabilidad de su hogar porque su compañero de vida estuvo preso junto a 7 vecinos más a raíz de una denuncia interpuesta por la empresa minera. La vida para ella y las otras mujeres de Guapinol se precarizó. No solo tocó cuidar la familia, la montaña y los ríos Guapinol y San Pedro, tocó seguir en las calles exigiendo la liberación de sus seres queridos. Ella cuenta que en 2018, cuando la empresa minera comenzó la construcción de la calle que da acceso a la montaña, las aguas del río Guapinol comenzaron a llenarse de sedimentos y desperdicios. El río cambió su color y dejó de ser apto para el consumo humano. No se podía ni bañar ni lavar ropa afectando a toda la comunidad, especialmente a las mujeres, quienes abastecían con el vital líquido del río las necesidades más básicas del hogar.
En ese entonces ella era catequista de la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa. A través de la iglesia se había informado que sobre la montaña recaía una amenaza minera, porque desde del golpe de Estado de 2009, el gobierno había autorizado más de 50 permisos para la minería siendo su municipio el más afectado. Pero jamás imaginó que se trataba de un proyecto de hierro de tal magnitud.
Junto a otras mujeres y hombres de Guapinol y el Sector San Pedro de Tocoa, comenzó a organizar las primeras acciones de protesta para tomar la palabra y exigir a las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Adán Fúnez, información sobre el proyecto minero. Además, la cancelación de todo permiso municipal para frenar la construcción de la carretera que estaba contaminando su río.
Hubo caminatas, plantones y hasta toma de las instalaciones del palacio municipal que permanecieron día y noche por más de dos semanas, pero no hubo respuesta de las autoridades, al contrario, las amenazas y campañas de desprestigio comenzaron a brotar por montón contra los liderazgos más visibles, entre ellos el de Monchy y Gaby.
Al no tener respuesta de las autoridades locales, el 01 de agosto de 2018, decidieron instalar el campamento en la montaña para frenar el paso a la empresa. Para las mujeres significaba un gran logro; los trabajos de la minera cesaron y ellas habían logrado salir de los espacios privados a los públicos para defender un bien que le pertenece a toda la comunidad. Estaban participando, organizando y haciendo sentir su voz.
Las más de 14 comunidades afectadas por el proyecto minero se organizaron en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, para garantizar la sostenibilidad del campamento y las acciones legales contra la empresa y los funcionarios del Estado que habían otorgado el permiso de operación en una área protegida.
En el campamento la comida, el agua y el café siempre se ajustaban. Gaby cuenta que las mujeres más jóvenes se hacían llamar “Las Dronas”, como respuesta a la intimidación que la empresa minera provocaba al campamento a través de drones, con los que supuestamente fotografiaba a los liderazgos comunitarios.
Las “dronas” eran las responsables de vigilar cuando movimientos extraños acechaban al campamento. Y en el mejor de los casos eran las encargadas de anunciar la llegada de la comida que empresarios y vecinos de Tocoa proveían a las personas que permanecían en el campamento.
El campamento duró tres meses. En los primeros días de octubre fue violentamente desalojado por la policía y el ejército, desatando una persecución penal contra algunos líderes y deteriorando aún más el tejido social de las comunidades.
Proceso de criminalización
La empresa está extrayendo hierro de las 200 hectáreas que pertenecen a la zona núcleo del parque, y está procesando el material en la peletizadora Ecotek, considerada la fábrica de hierro más grande de Centroamérica, que el empresario construyó en la comunidad de Ceibita, a la ribera del río Guapinol.
Por la defensa del parque unas 32 personas han enfrentado un proceso de criminalización en Juzgados de Jurisdicción Nacional también conocidos como alto impacto, donde se conocen casos vinculados a delitos de narcotráfico y criminalidad organizada. Los pobladores de Guapinol, en su mayoría miembros activos de la iglesia católica, fueron acusados de asociación ilícita, daños e incendio agravado en perjuicio de la seguridad pública del Estado y la empresa minera.
Entre los ambientalistas criminalizados estuvieron: José Cedillo, compañero de vida de Monchy y don Porfirio Sorto, padre de Gabriela. Además Orbin Nahún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.
Ocho de los pobladores criminalizados estuvieron privados de libertad por más de dos años, bajo una medida de prisión preventiva que el propio sistema de Naciones Unidos catalogó como arbitraria. A pesar de las denuncias presentadas por las comunidades u organismos internacionales que denunciaron un proceso judicial irregular, fueron sometidos a un juicio oral y público donde 6 de ellos fueron declarados culpables en febrero de 2022.
Tras una sentencia dolorosa y catalogada como injusta por las familias, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió los recursos de amparo a favor de los 8 ambientalistas que los abogados defensores habían interpuesto hace dos años. Ambas resoluciones revocaron los autos formales del procesamiento, por tanto, el juicio contra los defensores se volvió nulo y los ambientalistas recuperaron su libertad inmediatamente, aunque continúa la lucha por lograr la libertad para su montaña y ríos.
Un paraíso amenazado
Monchy y Gaby viven en el departamento de Colón, al norte de Honduras, una región que cuenta con una belleza y riqueza natural impresionante. Aquí se encuentra la sierra La Esperanza que en sus entrañas cobija al Parque Nacional Carlos Escaleras, declarado así a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras por el asesinato del político y ambientalista Carlos Escaleras en octubre de 1997.
Su región también cuenta con playas de arena blanca y agua cristalina, que besa la bahía de Trujillo históricamente habitada por comunidades garífunas, pero amenazadas con la instalación de proyectos turísticos y extractivos de capital norteamericano.
Además, es uno de los valles más fértiles del país que a inicio de los 90 fue catalogado como el máximo productor de granos básicos. Sin embargo, la tierra que estaba destinada para los campesinos y campesinas a través de la reforma agraria, está en manos de terratenientes como la familia Facussé, la misma que ahora está explotando la montaña a través de la empresa Inversiones los Pinares.
Cabe mencionar que, por su ubicación estratégica, Colón es controlado por el narcotráfico. A pesar que líderes de cárteles como Los Cachiros, Wilter Blanco y Los Varela no están físicamente en el departamento porque han sido extraditados a Estados Unidos, sus actividades ilícitas y la secuela de la violencia que deja el crimen organizado se sienten con fuerza en la actualidad.
La fuerza de las mujeres
Actualmente, Gaby vive con su pequeña hija, madre, padre y hermanos menores. A pesar de haber logrado la liberación de su padre sigue militando en el comité municipal y espera seguir luchando hasta lograr la cancelación del proyecto minero y obtener justicia para los ríos y las montañas.
Aunque el compañero de Monchy también está en libertad, ella sigue siendo uno de los liderazgos más visibles. Activamente participa en foros y en las acciones legales contra la empresa y los funcionarios del Estado.
El motor que mueve la lucha de Guapinol tiene rostro y voz de mujer. Aunque han sido hombres los criminalizados por el Estado de Honduras, las más afectadas han sido ellas porque han tenido que ingeniárselas para sobrevivir con sus familias sin dejar de lado la lucha por defender sus ríos y montañas. La fuerza de ellas devela la capacidad de resiliencia que tienen las mujeres en Honduras, quienes están de frente luchando contra proyectos extractivos inconsultos.
Reportaje realizado con el apoyo de laInternational Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
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