Guatemala y El Salvador: Derecho humano o el agua al mejor postor (III de III)

Por Andina Ayala (Guatemala), Nancy Hernández y Omar Martínez (El Salvador)

Edición : Daniela Sanchez Lemus

No hay sanciones ni penalizaciones para quienes la explotan y contaminan. Sin una ley que priorice los intereses sociales y humanos, el agua queda al mejor postor. 

El derecho humano al agua fue reconocido en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas, como un derecho esencial para ejercer otros derechos. En este punto las realidades sobre el agua entre Guatemala y El Salvador, podrían empezar a tomar distancia.El presidente Nayib Bukele,  y su gobierno de “nuevas ideas” presentó una nueva iniciativa el pasado 18 de junio. Una discusión que comenzó en El Salvador en el 2006. En Guatemala, hay más de una docena de propuestas de ley de agua porque el tema se ha discutido desde 1990, la última vez, la que parecía ir en serio fue en el año 2016, se vino abajo porque la sociedad no quiere ceder su derecho humano al agua al sector empresarial.

Guatemala, la temible privatización del agua

Guatemala nunca estuvo tan preparada para discutir la ley de agua, como en el año 2016 y 2017. Producto de una fuerte participación social y comunitaria se produjo una iniciativa de ley, la número 5070.

La abogada Lis Pérez relata que aquellos meses fueron de participación democrática sin precedentes porque se hicieron consultas a la población, mesas de discusión y foros. En donde las instalaciones de la Universidad San Carlos -la única institución pública a este nivel- sirvieron para llevar a cabo procesos de difusión y consenso.

La población no organizada, la sociedad civil y las comunidades rurales se habían puesto de acuerdo en algo muy importante: el agua es un derecho humano.

La marcha por el agua que nació de las quejas en distintos departamentos en  abril de 2016, contagió a las miles de personas que no tienen acceso a agua potable en la capital.  Aquel clamor y exigencia social se coordinó a través de la Asamblea Social y Popular (ASP) quienes señalaban que en Guatemala el 97 % de las fuentes de agua están contaminadas.

Intereses económicos encima del derecho humano al agua

La ASP elevó el tema de la contaminación, escasez y la apropiación de fuentes acuíferas por parte de empresarios y finqueros, las comunidades reclamaban particularmente el desvío de ríos, dejando a poblaciones en sequía:

“Solo la caña de azúcar y la palma de aceite consumieron el 61 % para el 2010, y el banano, el plátano y el melón, el 22 %, en cuyos casos la mayor fuente utilizada son los ríos. La caña de azúcar, la palma aceitera y el banano consumieron entre el 55 y el 63 % del agua utilizada por las actividades económicas en general en el año 2010. Mientras, la extracción de agua para uso doméstico es solo del 3 % aproximadamente”.

Las organizaciones elaboraron una propuesta de ley de agua, la número 50-70, que “en términos de fondo era una propuesta de contrapartida a más de 20 iniciativas de ley que ya estaban en el Congreso de Guatemala y que en cualquier momento se podían reactivar. Lesivas, para el bien natural y el derecho humano al agua” indicó Lis Pérez. 

Tras intentos de mutilar la iniciativa 5070, el tema quedó en suspenso. En septiembre de 2020 el licenciado Francisco Gómez, que estuvo involucrado en dicha propuesta, dijo en una entrevista vía Facebook que a partir de la ley y de discusiones colectivas de sociedad civil se han actualizado  los puntos irrenunciables, es decir los parámetros con los que se va a analizar cualquier otra propuesta que llegue al Organismo Legislativo:

“La iniciativa 5070, fue una propuesta que trabajaron colectivos, organizaciones, comunidades y autoridades indígenas. La relevancia es que son puntos que no se negocian, es decir debajo de eso no podemos ir, es una postura de los pueblos, Hablar del agua es bastante relevante para los pueblos”.

Agua para quién

Para quién es y cómo se distribuirá, este seguirá siendo un tema álgido y de preocupación para el sector social organizado.

Se intentó entrevistar al diputado Julio Lainfiesta, actual presidente de la comisión de ambiente del Congreso de Guatemala, por ser dicha comisión el primer filtro de entrada de las iniciativas de ley, pero no se obtuvo una respuesta de su parte.

José Chic, asesor del diputado independiente Aldo Dávila, recuerda que en 2016 las caminatas por el agua, posibilitaron no solo la entrada de la iniciativa 5070 sino de otras 13 iniciativas de ley: 

“Para contrarrestar a la única iniciativa que proponía sancionar con un millón de quetzales a aquellos que se le comprobara que desvían de ríos. También plantea que el Ministerio Público o jueces, no desestimen una denuncia de apropiación ilegal, contaminación o desvío del agua, sin que la conozca un juez o jueza”.

El sector empresarial ha usado cualquier tipo de artilugios para defender sus intereses

“Durante los diálogos del 2016, se conformó una comisión extraordinaria de recursos hídricos, -actualmente no está activa- pero en ese entonces el gerente de la Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica (AGET), dijo: no tenemos que pagar por el agua, porque vamos a pagar por algo que sólo pasa por nuestras tierras.  Inclusive ayudamos y contribuimos a limpiarla con el proceso de generación de energía”, recordó el asesor.

Otro temor que expresan las organizaciones sociales y comunidades es que, con una ley de agua a favor del sector privado, se legalice el desvío de ríos.

“Se corre el riesgo de que se legalicen todos los desvíos de  ríos que ha habido hasta la actualidad y darles como el derecho de propiedad a los ingenios, a las palmeras a todas aquellas empresas e incluso a las hidroeléctricas” reflexionó Chic. 

¿Se logrará consenso?

Hasta el 2019, quien dirigía la comisión de ambiente y ecología del Congreso de la República había sido alguien afín a los productores de caña de azúcar, la actividad económica más poderosa de Guatemala, según una investigación del medio El Faro y el diario.es, en Guatemala, 12 ingenios actúan como un oligopolio, un cartel con profundas conexiones políticas y cuyo poder afectan a las comunidades en el campo.

El panorama actual, no dista de esos intereses, según la diputada Sonia Raguay del partido Movimiento Político Winaq: “Hay intereses empresariales de pretender mover una ley de agua. No se llama a todos los sectores para una discusión de tal envergadura, como es la ley de agua. El año pasado hubo reacciones de organizaciones de pueblos indígenas de rechazo primero por la forma”.

Para la legisladora, el país ha avanzado en definir que el agua es un derecho humano y no como lo ve el empresariado, algo que se puede explotar. “Que existan los principios irrenunciables es un paso importante de consenso”.

El diputado Román Castellanos del partido Semilla explicó que otro desafío para concretar una ley es la confianza: “La mayoría de diputados oficialistas no gozan de la confianza del pueblo y la credibilidad de las instituciones políticas es muy baja. Cuando alguien en ese sector impulsa una ley cae en la sospecha y genera dudas como ¿si será pública y quién sería la autoridad?” 

Por ser un recurso que puede ser escaso, la ley debería tener carácter científico y objetivo, remarca Román. Pero, es ampliamente conocido que en el Congreso la mayoría de los diputados no poseen el perfil técnico para legislar. La comisión de ambiente y ecología, que es clave en el tema de iniciativas de ley, cuenta, según la ley orgánica del legislativo con un asesor de planta y otro más específico dada la materia.

A los asesores los designa el presidente de la comisión, este año por Julio Lainfiesta, quién no respondió a la solicitud de entrevista. Él pertenece al partido Unión del Cambio Nacional, (UCN). Bancada que fue cancelada por el Tribunal Supremo Electoral por “anomalías de financiamiento”. La decisión no ha sido ejecutada debido a un recurso de amparo que el partido interpuso.

Al ser ejecutada la cancelación el partido perdería todas sus directrices en las distintas comisiones, pero especialmente la vicepresidencia de la junta directiva del Congreso, a cargo de Sofía Hernández, quién tiene un hermano aprehendido por vínculos con el narcotráfico. 

El ex presidenciable y secretario general de este partido Mario Estrada cumple una condena de 15 años en Estados Unidos, por conexión con una conspiración para importar toneladas de cocaína a EE.UU. La UCN tiene 12 diputados, según la diputada Sonia Raguay: “no abanderan una agenda, lo que han hecho es plegarse al oficialismo”. 

Este año los temas que ha tocado la comisión son: conocer el plan de trabajo del ministerio de ambiente y fiscalizar el incendio que se produjo en el basurero de AMSA, infiere Castellanos.

“El interés por el medio ambiente no solo se circunscribe al agua, sino a licencias de impacto ambiental para distintos negocios; es cierto que la comisión de energía y minas y la de medio ambiente genera ciertos réditos para quienes las dirigen. No es solo la preocupación por el tema, sino los beneficios que puede haber, operando en el tema”, enfatizó el diputado.

Con la conformación actual del Congreso, lo fundamental es que haya presión de la población.

“El vicepresidente de la comisión de ambiente del año pasado, Armando Castillo,  es del partido Viva y el subjefe de esta bancada es Aníbal Rojas, quien es hermano del ministro del MARN, Mario Rojas. Es del interés de las bancadas UCN y VIVA tener el control de esta comisión. Esta calidad de diputados que no son orgánicos, es decir que, se prestan para hacer una agenda paralela” concluyó Raguay.

Sin ley de agua hay esperanza

El municipio de Chinautla concentra en distintos niveles y perspectivas la problemática del agua, el fenómeno climático, la contaminación de sus ríos, la compleja trama política-empresarial que incluye a las areneras que operan sin estudio de impacto ambiental. 

Si no fuera suficiente, la municipalidad no responde correctamente a las demandas de acceso al agua, o por la destrucción de sus bienes públicos cuando se rebalsa río contaminado como en el año 2010, que dejó a la comunidad sin el principal puente de acceso .

Efraín Martínez, autoridad ancestral indígena Poqoman de Santa Cruz Chinautla, hace énfasis en que “la tragedia (del 2010) fue una ventana para constituirse como concejo indígena”. A partir de esta institución, han peleado la transparencia de las licencias mineras, la contaminación de los ríos y el acceso al agua potable.

En julio de 2020 la Corte de Constitucionalidad, declaró que la municipalidad de Chinautla, suministre el servicio de agua potable sin interrupciones al pueblo indígena poqomam de Santa Cruz, Chinautla. 

El 7 de marzo de este año, con lágrimas en los ojos, después de dos años de luchar por que se reconozca su derecho al agua, Efraín, Aracely, Alicia, Juan Lázaro y demás personas en la comunidad celebraron la constancia de haber ganado un litigio contra la municipalidad de Chinautla.

Dieron un discurso en el parque y después, con distanciamiento social, disfrutaron de su platillo tradicional, el pinol, recuperaron fuerzas para seguir, hasta que esa sentencia se cumpla.

El Salvador  y sus proyectos en Nejapa 

En los últimos tres años el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ha aprobado 27 permisos de construcción en Nejapa, todos con requerimiento de agua, según la Oficina de Información y Respuesta (OIR), seis de ellos fueron otorgados bajo la categoría de “no requerimiento de estudio de impacto ambiental”. Entre estos, se encuentra un proyecto aprobado para la embotelladora Industrias La Constancia (ILC). Se consultó a la OIR sobre el caso, pero no determinó en qué consistía el permiso otorgado en 2019. 

De acuerdo con el documento “NFA-698-2018. Dictamen Técnico de Categorización, no requiere elaborar estudio de impacto ambiental del proyecto Refresca”, emitido por el Marn el 14 de agosto de 2018. Solo para el popular refresco, ANDA le estaría otorgando a REFRESCA la cantidad de 65,860 litros de agua al mes, suficiente para satisfacer las necesidades diarias de 658 personas, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece un promedio de 100 litros de agua por persona al día.

En los últimos cinco años el Marn no registra proyectos autorizados relacionados a la distribución de agua potable. 

Desde hace 10 años las construcciones urbanísticas en Nejapa han crecido y al hacerlo han irrespetado el decreto N° 6 de “Directrices para la zonificación ambiental y los usos del suelo para el municipio de Nejapa” al construir en áreas protegidas o de máxima protección donde extraen agua del acuífero.

Heidi Guerrero, habitante de Las Marías 2, asegura que los problemas con el agua empezaron con las construcciones desmedidas en Nejapa y porque ANDA prefiere dar el líquido a las residenciales privadas que a las comunidades rurales. “Es bien injusto porque realmente nosotros somos ricos en agua como municipio de Nejapa, pero siempre nos han hecho a un lado y malgastan el agua. Todo se debe a que ellos (ANDA) negocian el agua de nosotros con las colonias privadas y los empresarios grandes”.

Una lucha de 15 años

Desde 2006 diferentes organizaciones han señalado que de haber una Ley de Agua, esta desigualdad que denuncia Guerrero no tendría oportunidad. Sin embargo, el tema de la aprobación de una Ley ha tenido altos y bajos en el pleno salvadoreño.

El Vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Omar Serrano, asegura que los intereses de la empresa privada sobre el manejo del agua y dos posturas diferentes han impedido su aprobación: “Una que dice que el ente rector debe ser eminentemente público y otra postura que dice que el agua debe ser manejada con eficiencia y que debe estar la empresa privada dirigiendo”.

Parece que este punto ya está resuelto. El 18 de junio el Ejecutivo mandó una nueva propuesta a la Asamblea Legislativa titulada Ley de Recursos Hídricos donde en el artículo 4 declara el agua como “un bien nacional de uso público”, por tanto, “corresponde al Estado la regulación, gestión integral y administración de los recursos hídricos”. 

El documento en el artículo 10 define como ente rector a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) como “la instancia superior, deliberativa, rectora y normativa en materia de política de los recursos hídricos”. También establece que “será una institución oficial autónoma” en cuanto a administración, presupuesto y financiamiento, pero estará adscrita al Ejecutivo a través del MARN. El proyecto de ley no contempla la participación de la empresa privada en la junta directiva ni toma de decisiones, tampoco hay algún artículo que haga referencia a la participación de ANDA.

El artículo 18 establece que la ASA estará formada por un presidente, nombrado por el Ejecutivo, un representante la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y de los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Turismo, Vivienda, Salud, Gobernación y por un representante de una Autoridad de Agua Potable y Saneamiento, que podría sustituir a ANDA, un representante de las universidades públicas y privadas y otro de sociedad civil.

No es una propuesta nueva

El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, aseguró que la propuesta del Ejecutivo no es nueva porque el 40 % son “artículos que fueron presentados en el proyecto de ley de 2012”, dijo que 27 artículos son exactamente iguales. El parlamentario señaló que la novedad es que no se trata solo de una ley de aguas “sino de una ley de administración y protección del recurso hídrico en términos generales”. No obstante, consideró que el proyecto no tiene un artículo que regule la protección del consumidor: “No existe un artículo ni una protección adecuada para el usuario y el consumidor de agua potable. El cuerpo normativo en el que debe estar regulada no sólo la obligación del Estado de dar agua accesible, asequible y de buena calidad, tiene que tener un desarrollo que no lo tiene”. 

Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), también coincidió en decir que no es una propuesta nueva, pero deja la puerta abierta “para el uso excesivo y abusivo del recurso hídrico y eso debe de controlarse”. Navarro presentó otra propuesta de ley para que se sume a la discusión, esta propuesta da: “Seguridad al recurso hídrico, lo vuelve sustentable y garantiza que toda la población tenga acceso al agua potable”.

Por ahora hay tres nuevas iniciativas en el pleno, la del Ejecutivo y la propuesta presentada el 14 de junio por la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua con enfoque de derechos humanos y de carácter ciudadano. Esta iniciativa tiene el apoyo de ARENA, el FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo. Nuevas Ideas se negó a apoyar la propuesta. 

El 11 de junio el presidente Nayib Bukele anunció que la propuesta sería aprobada en un periodo que no excedería los 90 días, ahora está siendo discutida en una comisión ad honorem. Si se tiene en cuenta que la bancada Cyan representa la mayoría calificada y ha aprobado leyes el mismo día que llegan al pleno, es creíble que en los próximos meses El Salvador tenga un marco legal en cuanto a la administración del agua. 

¿Conviene aprobar una ley?

La idea produce desconfianza y cuestionamientos de parte de los actores que han luchado por años para que se apruebe una ley porque consideran que no se cumplirá el objetivo que se ha buscado desde siempre: garantizar el agua como un derecho humano y que beneficia a las mayorías, siendo estas una prioridad. 

Para Serrano, la discusión de una nueva ley lleva al “espiral” con que se ha venido trabajando y alargaría nuevamente el proceso, sostiene que la propuesta debe contemplar cinco puntos esenciales para considerarse una ley en beneficio de las mayorías: “La ley debe tener cinco condiciones fundamentales y no negociables: que sea una ley que convierta el agua en un derecho humano, que el ente rector del agua tiene que ser el estado, que tenga el enfoque de cuenca hidrográfica, porque científicamente está demostrado que es el mejor enfoque para gestionar el agua, como cuarto punto que se implemente un principio de participación ciudadana y en quinto lugar que el agua no puede ser objeto de lucro”.

Una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP-UCA) en 2020 sobre la opinión de los salvadoreños sobre el derecho humano al agua, determinó que el 99.5% de la ciudadanía afirma que el agua es un derecho humano. Para Serrano “esto refleja que técnicamente toda población está de acuerdo con que el agua sea reconocida como un derecho humano. Nada había tenido mayor consenso en este país. El agua no tiene color político, ni ideológico, ni religioso, lo mismo puedo decir de la ley de agua”.

¿Por qué una ley de agua?

Los diferentes sectores aseguran que urge una ley de agua por la crisis hídrica que se aproxima para los próximos años. El MARN ha señalado en diferentes informes que prevé que para el año 2022 el 80 % del territorio del país registre niveles de «estrés hídrico» por la escasez del agua. La cartera de Estado señala que «los ríos han perdido gran parte de su caudal respecto al promedio histórico» entre 2015 y 2019, situación que ha generado «conflictos socio-ambientales locales», sin entrar en detalles de las zonas.

Expertos confirman que el 90% de los ríos de El Salvador están contaminados y solo el 10% de los ríos tiene agua que puede ser potabilizada con métodos convencionales. Los mantos acuíferos están bajando en promedio un metro al año. En este sentido, Serrano señaló a ANDA como el principal culpable de la deficiente distribución que se tiene en el país.  “Es innegable que ANDA tiene problemas de administración y debe pasar a ser un ente proveedor de agua, pero bajo la autoridad del ente rector del agua, no es solo problema de administración de agua”.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Adelante en América Latina