Por POR STEVEN DUDLEY Y EDGAR GUTIÉRREZ / Insight Crime
Con la colaboración de : Alex Papadovassilakis and Jody García
Este artículo hace parte de una serie de siete partes que describe la evolución del crimen organizado en la política guatemalteca.
Zury Ríos (Valor) encabeza constantemente las encuestas, lo que la convierte en una de las candidatas favoritas en una campaña repleta e impredecible. Parte de su atractivo reside en el reconocimiento. Es hija de Efraín Ríos Montt, el destacado general que tomó el poder en Guatemala en un golpe militar en 1982. Posteriormente fue Presidente del Congreso (1995-1996, 2000-2004). Su hija se desempeñó como diputada de su partido político el último periodo, uno de los cuatro que ocupó. Ríos ha sido una abierta defensora de los derechos de la mujer, entre otras causas, y ha trabajado eficazmente al otro lado del pasillo para impulsar su agenda.
Pero también tiene vínculos con grupos religiosos y cívicos ultraconservadores nacionales e internacionales. Entre sus partidarios se encuentran antiguos militares vinculados a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), una red criminal que durante mucho tiempo ha ejercido una influencia significativa en los organismos de seguridad e inteligencia del gobierno. También ha forjado una alianza con el Partido Unionista (PU), que tiene su propio legado de los CIACS y ha controlado Ciudad de Guatemala y sus negocios relacionados con el gobierno durante décadas. Además, se ha asegurado el apoyo de antiguos miembros del gobierno del expresidente Jimmy Morales y cuenta con importantes aliados sociales y políticos en los sectores provida de las iglesias católica y evangélica, así como con conexiones con el Opus Dei. Por último, tiene aliados en las altas cortes y un guardián judicial, Ricardo Méndez Ruiz, responsable de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que la apoya desde hace años.
Tres pilares
La coalición de Ríos depende de tres pilares de apoyo, cada uno de los cuales tiene diferentes intereses empresariales que buscan proteger o expandir, además de bases de poder y objetivos diversos.
Pilar I: La vieja guardia
El primer pilar está formado por restos de la red de su padre, muchos de los cuales fueron miembros del partido político de su padre, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en un momento u otro. Esto incluye a antiguos oficiales militares, representantes del Congreso y abogados destacados. Varias fuentes dijeron a InSight Crime, por ejemplo, que entre los exmilitares que apoyan a Ríos está Gustavo Adolfo Padilla, un excoronel que ahora ayuda a dirigir una empresa de seguridad privada que se ha beneficiado de contratos del gobierno.
La seguridad privada es uno de los principales tipos de negocio creados por exmilitares, y es uno de los grupos de presión más grandes de la capital, ya que tanto las agencias gubernamentales locales como las federales contratan con frecuencia a estas empresas para todo, desde guardaespaldas personales hasta cámaras de vigilancia o trabajo de detective privado. Es un negocio que también los sitúa en la encrucijada de muchos otros negocios y oportunidades de hacer dinero, donde la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa.
En el caso de Padilla, su empresa, Serseco, habría creado «estructuras paramilitares» para ayudar a proteger proyectos hidroeléctricos de grupos opositores locales. En 2018, el propio Padilla fue relacionado con casos de corrupción, pero nunca fue acusado. La conexión de Padilla con Ríos es directa pero no está firmemente establecida. Su hijo, Kenneth Müller, dirige el departamento de videografía de Valor y ha realizado documentales revisionistas sobre la guerra de Guatemala. Pero algunas fuentes afirman que no está tan bien relacionado con los exmilitares como lo estuvo en el pasado.
Otras partes de la campaña no son militares, pero tienen las credenciales conservadoras y las conexiones históricas adecuadas. El equipo de comunicación de Valor, por ejemplo, incluye al costarricense Alfred Kaltschmitt, un influyente columnista de derecha, especialista en comunicación, decano universitario y propietario de Radio Infinita. Kaltschmitt trabajó con el gobierno de Ríos Montt en 1982- 1983, como parte del lado más suave del esfuerzo contrainsurgente en el Triángulo Ixil. Recientemente, Radio Infinita cortó lazos con Con Criterio, un programa popular de radio que ha criticado abiertamente los esfuerzos por socavar el sistema de justicia. Al parecer, Kaltschmitt tiene problemas de salud y es posible que no sea tan activo como antes.
Sin embargo, aunque su papel actual pueda estar limitado por su salud, Kaltschmitt ha sido durante mucho tiempo un interlocutor importante para Zury Ríos. Cuando la Fiscalía General procesó a Ríos Montt por genocidio en 2013, Kaltschmitt habría conseguido una audiencia de Ríos con numerosas élites económicas tradicionales. La reunión inició un proceso que acabó por suavizar algunas tensiones persistentes desde el gobierno del FRG de principios de la década de 2000, durante el cual el partido de Ríos Montt había denigrado a las élites y cortado sus intereses comerciales.
Posteriormente, algunas élites se unieron a los esfuerzos de Ríos para difamar el juicio del gobierno contra su padre, y Ríos mantiene muchas de esas relaciones. De hecho, algunos medios de comunicación han afirmado que está recibiendo financiación de prominentes familias con participaciones en importantes empresas vinculadas a la construcción, la agroindustria y las industrias extractivas, así como en los sectores de servicios y alimentos. Sin embargo, fuentes de InSight Crime aseguran que los esfuerzos de financiación pueden estar limitados para todos los candidatos después que se investigara a élites empresariales de alto perfil por presuntamente contribuir ilegalmente con fondos a la campaña electoral de Jimmy Morales en 2015.
En las afueras de Ciudad de Guatemala hay varios antiguos caciques del FRG. Como se ha señalado en la sección sobre el bloque de la ex primera dama y candidata presidencial por el UNE, Sandra Torres, estos caciques desempeñan un papel clave en la captación de votos a nivel local a cambio de contratos gubernamentales a nivel nacional. Algunos de ellos ya han sido señalados por corrupción. Carlos López, por citar un ejemplo, fue diputado por el FRG y es candidato a diputado por Valor en Quiché. Cabe destacar que estuvo implicado en un caso conocido como Plazas Fantasmas, llevado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el que se alegaba que diputados estaban creando decenas de empleos fantasmas. En 2022, un juez abandonó el caso.
Pilar II: Unionistas
El segundo pilar de Ríos es el Partido Unionista. Ambos partidos se aliaron oficialmente en 2022. Están alineados ideológicamente: ambos tienen plataformas conservadoras, temerosas de Dios y anticomunistas. Tienen una genealogía CIACS compartida. Un ejemplo de ello es el abogado Moisés Galindo, quien se hizo famoso por su ruidosa defensa hacia algunos de los militares acusados, entre ellos Ríos Montt durante su juicio por genocidio, además de Byron Lima, quien tenía fuertes vínculos con el expresidente y alcalde de Ciudad de Guatemala durante muchos años Álvaro Arzú y los CIACS.
Es más, los unionistas han gobernado la ciudad de Guatemala durante dos décadas (antes bajo la bandera del Partido de Avanzada Nacional o PAN). El Partido Unionista ha controlado la Ciudad de Guatemala mediante una combinación de comités de base, medios de comunicación estratégicos y alianzas empresariales, además del sótano, un eufemismo para describir el elaborado aparato de inteligencia y contrainteligencia. Pero su control de la ciudad no está garantizado.
Para el Partido Unionista (PU), la alianza significaría el acceso a la presidencia y, si consiguen ganar Ciudad de Guatemala, continuar con el control de la ciudad. Sin duda, sus candidatos son conductos naturales entre los centros de poder de la ciudad y el gobierno central que entienden cómo funciona la política. El candidato a la vicepresidencia de Ríos, por ejemplo, es Héctor Cifuentes Mendoza, un unionista que fue secretario general de Álvaro Arzú en Ciudad de Guatemala durante años y que luego estuvo implicado en casos de corrupción durante la administración de Pérez Molina en un caso llamado Caja Pandora, según una investigación de 2019 del medio elPeriódico.
El PU también intenta posicionarse mejor en el Congreso. Uno de los candidatos es Álvaro Arzú Escobar, hijo del expresidente y alcalde Álvaro Arzú, y diputado en el Congreso desde hace muchos años. En 2017 ayudó a impulsar una legislación que prohibía el enjuiciamiento de legisladores por financiación ilícita de campañas. Luego asumió la presidencia del Congreso (2018-2020) y puso en marcha una «Comisión de la Verdad», durante la cual las «víctimas» de la de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano judicial supranacional respaldado por las Naciones Unidas, podrían testificar, y tambien fue parte de una campaña para denigrar al entonces Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
Pilar III: FCN-Nación
Otros candidatos importantes del PU al Congreso son Enrique Degenhart, Sandra Jovel y Jafeth Ernesto Cabrera Cortez, quienes brindan un buen puente hacia el tercer pilar de la candidatura de Ríos: la administración del expresidente Jimmy Morales.
Degenhart es el segundo al mando del PU y exfuncionario de aduanas de nivel medio del gobierno del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), donde se labró una reputación de funcionario que luchaba contra el crimen. La realidad fue todo lo contrario. La Fiscalía General investigó a su hermano por lavado de dinero, y, como ministro del Interior de Morales, socavó sistemáticamente la CICIG, entre otras cosas, sacando a la policía de sus puestos y sustituyendo a los comandantes que trabajaban con la CICIG por otros que se oponían a su misión o que, al menos, estaban dispuestos a derrumbarla.
Al igual que Degenhart, Jovel trabajó en conjunto con la presidencia para aislar a la CICIG. Se aseguró de que el juez colombiano y entonces comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, no pudiera volver a entrar en el país una vez que Morales lo nombró persona no grata en 2017.
Cabrera Cortez puede ser el vínculo más cercano que tiene la campaña con el narcotráfico. En 2018, un narcotraficante que pronto será extraditado, y que a su vez fue militar, supuestamente testificó que Cabrera solicitó US$1 millón para la campaña vicepresidencial de su padre en 2015.
La afinidad entre los bandos de Ríos y Morales se debe, en parte, a que comparten raíces e intereses. El partido de Morales, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fue fundado por antiguos militares, incluidos varios que luego financiaron la candidatura de Morales a la presidencia y estuvieron relacionados con violaciones de los derechos humanos, actividades delictivas y corrupción.
Estos antiguos militares siguen interconectados en asuntos personales, sociales, empresariales y gubernamentales. Sus intereses incluyen el control de los grandes presupuestos del Ministerio del Interior, así como de nodos de poder cruciales en las aduanas y oficinas tributarias, para poder desplumar a empresas privadas y funcionarios públicos por igual.
Por su parte, Ríos no tiene reputación de corrupto, pero documentos filtrados del Departamento de Estado afirman que asistió a una reunión en la que ella y el partido político de su padre, el FRG, agradecieron personalmente a uno de los donantes corruptos de la campaña presidencial de Portillo. También es notable que durante mucho tiempo ha estado rodeada de numerosos operadores y políticos, incluido su actual esposo, que han saqueado el Estado o lo han reutilizado para sus propios fines, muchos de los cuales proceden del mismo mundo que ella. En los asuntos de justicia, sin embargo, Ríos ha demostrado una capacidad y voluntad de ser mucho más directa.
Poder político, impunidad y venganza judicial
Las interacciones de Ríos con el sistema judicial se han centrado en asegurar el acceso a los tribunales superiores del país como la Corte de Constitucionalidad (CC), donde sus aliados la han beneficiado a nivel personal y profesional. También cuenta con un poderoso aliado fuera del sistema judicial, que desempeña el doble papel de perro guardián de la impunidad y perro de ataque para aquellos que se sienten agraviados por los esfuerzos de la CICIG y sus aliados judiciales.
Cómo influir en las Comisiones de Postulación
Ríos comprendió hace tiempo que el sistema judicial era una herramienta fundamental del poder en Guatemala. A principios de la década de 2000, como parte del bloque legislativo más poderoso del Congreso, votó a favor de ampliar la participación de los miembros del Colegio de Abogados del país en la votación de los representantes de las llamadas Comisiones de Postulación. Las Comisiones de Postulación seleccionan a los candidatos definitivos para Fiscal General, las altas cortes del país y el Tribunal Supremo de Electoral (TSE), entre otros. El colegio de abogados selecciona hasta 11 miembros de cada comisión, por lo que la ampliación de la participación tuvo consecuencias amplias e inmediatas en la selección del Fiscal General y de estos jueces.
Uno de los impulsores y beneficiarios de esta nueva ley fue el entonces esposo de Ríos, Roberto López Villatoro. Apodado por los periodistas «el Rey del Tenis», por los millones que había ganado con la venta de tenis de imitación importados del extranjero, López Villatoro pronto se posicionó como el promotor de facto y captador de votos del FRG en el Colegio de Abogados. El resultado fue un giro histórico en la justicia guatemalteca. Lo que antes era competencia de las élites económicas tradicionales del país ahora era un campo de batalla en el que el FRG, la UNE y otros representantes de la élite emergente, como López Villatoro, empezaron a suministrar sus propios jueces elegidos a dedo, además de funcionarios judiciales de alto nivel.
El apilamiento de los Tribunales Superiores
Este tipo de regateo ha resultado fundamental para Ríos tanto personal como políticamente. En 2013, después de que su padre, Ríos Montt, fuera condenado por genocidio por un tribunal especial guatemalteco, ella y sus complices recurrieron a la CC. Allí contaba con un fuerte aliado, Roberto Molina Barreto, magistrado del tribunal que inmediatamente fue autor del contraargumento que anuló la condena de Ríos Montt nueve días después del histórico fallo. Zury Ríos elegiría más tarde a Molina para ser su candidato a la vicepresidencia durante su campaña presidencial de 2019. Molina se ha desempeñado como magistrado titular y suplente de la CC desde 2006.
Además de Molina, en marzo de 2021, el Congreso seleccionó a Luis Alfonso Rosales Marroquín, un exdiputado de Valor que también trabajó en el equipo de defensa del padre de Ríos, para ser suplente en la CC. Estos aliados pueden haber jugado un papel clave en el cambio de su suerte política. Aunque la campaña de Ríos para 2019 se detuvo cuando la CC dictaminó que el artículo 186 de la Constitución de Guatemala prohibía a los parientes cercanos de los líderes golpistas ocupar la presidencia, su campaña para 2023 recibió luz verde por parte de un nuevo grupo de magistrados de la CC.
Los tribunales también han fallado en contra de posibles rivales. A Thelma Cabrera, candidata a la presidencia por el izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que quedó en cuarto lugar en las elecciones de 2019, se le prohibió postularse. El TSE rechazó por motivos técnicos la inscripción del candidato a vicepresidente del MLP y exdefensor del Pueblo, Jordán Rodas. La decisión excluyó automáticamente a Cabrera de la candidatura presidencial. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) y la CC rechazaron entonces los recursos presentados por el MLP.
El TSE también revocó la inscripción de otro posible rival, Roberto Arzú, el hijo descarriado de Álvaro Arzú. Las autoridades electorales habían dado luz verde a la participación de Arzú, pero luego fallaron a favor de una petición presentada por miembros de FCN-Nación con el objetivo de anular su candidatura por haber realizado campaña política antes del inicio oficial de las elecciones. Al igual que en el caso del MLP, la CC rechazó los recursos contra la resolución del TSE presentados por Arzú y su partido, Podemos.
La CC también ha beneficiado a Ríos en su propia carrera a la presidencia al rechazar un recurso legal que pretendía bloquear su candidatura. La impugnación se centraba en la misma prohibición constitucional que impide a los hijos de expresidentes que llegaron al poder mediante un golpe de Estado postularse a las elecciones presidenciales (como hizo su padre en 1982). La CC también desestimó un caso contra su candidato a vicepresidente, Héctor Cifuentes, quien enfrentaba cargos por financiación ilegal de la campaña.
El candidato presidencial Edmond Mulet, del partido Cabal, también fue puesto sobre aviso por el TSE luego que la Fiscalía General lo acusara de interferir en una investigación sobre un destacado periodista encarcelado por lavado de dinero. Ello se produjo después de que Mulet presentara sin éxito el recurso legal destinado a invalidar la candidatura de Ríos.
Mulet parece haber sobrevivido al periodo de requerimientos, peticiones y otros medios por los que se ha excluido a los candidatos. El 25 de mayo, fecha límite para la impresión de papeletas, Mulet estaba oficialmente en la carrera por la presidencia. Es más, parece estar bien posicionado para aprovecharse el caos. Los últimos sondeos lo sitúan en la segunda vuelta, junto con Sandra Torres.
En busca de venganza desde fuera
Los aliados de Ríos fuera del sistema de justicia formal pueden ser más fuertes que los del interior. Además de Moisés Galindo, Ríos cuenta con el apoyo de otros miembros del antiguo equipo jurídico de su padre, que incluye a Jaime Hernández Zamora.
Zamora defendió tanto al general en el caso del genocidio como a un actual jefe de campaña de Valor, Christian Boussinot, a su vez exdiputado implicado en el caso Plazas Fantasmas. La secretaria ejecutiva de Valor es Ingrid Bernat Cofiño de Palomo, nuera de Francisco Palomo Tejeda, quien formaba parte del equipo jurídico de Ríos Montt, antes de ser brutalmente asesinado a pocas cuadras de su oficina en Ciudad de Guatemala en circunstancias misteriosas.
Por su parte, Galindo es uno de los interlocutores de Ríos con la Fundación Contra el Terrorismo Guatemala (FCT). El director de FCT, Ricardo Méndez Ruiz, también tiene un linaje militar y una larga historia personal con Ríos que lo hace más leal a ella que cualquier otro candidato y lo ha dejado claro en las redes sociales. Además, la misión principal de la FCT, defender a exoficiales militares acusados de abusos contra los derechos humanos, se alineó perfectamente con aquellos que intentaban deshacer la represión del sistema de justicia contra la corrupción.
Desde 2011, Méndez Ruíz, y posteriormente la FCT una vez que se formalizó en 2013, han presentado denuncias formales ante el sistema judicial. Según la ley guatemalteca, los jueces pueden desestimar estas denuncias y, durante mucho tiempo, rechazaron de manera uniforme las denuncias formales de FCT. Pero tras el cambio en la composición de los tribunales y la salida de la CICIG del país en 2019, numerosas denuncias contra operadores judiciales que trabajaron con la CICIG han sido remitidas al Ministerio Público para su investigación.
El sistema también cuenta con válvulas de escape jurídicas y sociales. En el aspecto legal, cualquier persona que presente una denuncia que un fiscal rechace puede recurrir ante un juez, quien, tras encontrar causa, puede asignar el caso a otro fiscal. En el frente social, la FCT lanza campañas sostenidas para desacreditar al acusado a través de las redes sociales con su pequeño ejército de seguidores. A menudo, señala quién es la siguiente persona en ser blanco de sus ataques con algunas publicaciones en las redes sociales. Estos ataques son personales, persistentes y pueden tener un impacto devastador por sí solos, aunque no se abra ninguna investigación judicial.
La relación de Ríos con FCT y Méndez Ruiz podría convertirse en un problema. Méndez Ruiz, Galindo y un abogado de la FCT, Raúl Falla, han sido incluidos en la Lista Engel. Pero mientras estos actores permanezcan fuera del gobierno, ella puede mantenerlos a distancia incluso mientras se beneficia de los cócteles molotov de Twitter de Méndez Ruiz y la amenaza inminente de denuncias penales que pueden apuntar a rivales potenciales.
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