Suelo guatemalteco usado en operaciones ilegales.

Por Manuel Chocano

Ayer el Senado de Estados Unidos publicó un [1]informe, culpando al Departamento de Seguridad Nacional de operaciones ilegales llevadas a cabo en territorio guatemalteco; las cuales incluyen aprensiones ilegales de migrantes, utilización de fondos del Estado y la participación en operativos internos de Guatemala.

Este informe reveló que el Gobierno de Guatemala permitió que el Departamento de Seguridad Nacional (Home Land Security), realizara operaciones que son descritas como ilegales en suelo guatemalteco, para evitar que los migrantes centroamericanos lleguen a territorio estadounidense.

Cuando Alejandro Giammattei aún no había tomado posesión, solicitó en distintas ocasiones al expresidente Jimmy Morales, que el Tratado de Tercer País Seguro fuera conocido por su equipo, incluso afirmó que debía ser ratificado por el Congreso, que las claúsulas y anexos debían ser conocidos públicamente; sin embargo, ya en el cargo, absolutamente nada del acuerdo ha sido dado conocer al público.

A mediados de 2019, el entonces Ministro de Gobernación, Enrique Dagenhart, viajó a Washington a firmar el acuerdo con las autoridades del país del norte. Casi inmediatamente se conoció que el acuerdo tenía clausulas secretas y un plan de implementación.

En junio de 2019, el diario Washington Post, informaba que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se desplegarían en Guatemala para ayudar a las fuerzas de seguridad guatemaltecas a frenar la migración a EE.UU. «Alrededor de 80» agentes e investigadores, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), «trabajarían” como «asesores» de la policía nacional y las autoridades migratorias de Guatemala, señaló el medio.

Tanto Obama como Trump, habían endurecido su posición ante la inmigración, esto significó una ampliación de la Oficina del Agregado de la Administración de Migración y Aduanas (ICE), en la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Esta oficina experimentó un aumento de personal en 2017, según el testimonio del entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.

En 2016, según Kelly, en ese año ICE estaba “en proceso de expandir su presencia” que tendría como base operativa  la embajada estadounidense en Guatemala.

El acuerdo, según las autoridades de EE.UU. permite «acciones concretas» que incluyen «capacitación y colaboración en materia de aplicación de la ley para mejorar las investigaciones penales».

Los agentes estadounidenses  se desplegarían en Guatemala y su frontera con México en operativos semanales, a la vez que realizarían un papel de «asesores». El personal de seguridad estadounidense asignado a Guatemala  está autorizado por el Estado de Guatemala a portar armas.

A esto se debe sumar la capacitación recibida en 2017 por 4,600 agentes de la Policía Nacional Civil en la Academia Internacional de Aplicación de la Ley financiada por el Departamento de Estado y la Policía Nacional de Colombia.

La presencia de ICE en territorio guatemalteco, y los acuerdos que han ido permitiendo que su alcance se amplíe, iban en paralelo a la falta de apoyo político a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y La impunidad en Guatemala (CICIG). 

Desde 2017, fecha en que ICE amplió su presencia en Guatemala, el apoyo político de EE.UU. a la lucha contra la corrupción fue disminuyendo, y según los analistas de la política estadounidense, al parecer la CICIG fue sacrificada con la intención que la administración Trump mostrara a la opinión pública contundencia para impedir que los migrantes ingresaran a Estados Unidos.

Existen informaciones que el embajador de Guatemala en EE.UU., Manuel Espina, tuvo una reunión con el Senador de Texas, Vicente Gonzáles y que el diplomático guatemalteco le dijo que Guatemala aceptaría tropas estadounidenses para ayudar a asegurar su frontera con México. Después de la reunión, González escribió una carta al presidente Trump, instándolo a aceptar la oferta. La carta, solicitando que Estados Unidos envíe personal militar, fue obtenida por el Washington Post.

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Hernández, declaró ayer al Wallstreet Journal que desconocía la acción del DHS. «Esto es muy preocupante.» Añadió, que “estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos.”

Por su parte, la vocera de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek, aseguró que “si bien se hace referencia a que los supuestos hechos se desarrollaron en territorio guatemalteco, el informe hace referencia a normativas internas y asuntos propios entre las instituciones y agencias del Gobierno de los EE. UU., asunto sobre el que no nos corresponde emitir opinión”.

Mientras otros funcionarios entrevistados declararon, extraoficialmente a medios internacionales, que desconocían  las operaciones y que estas habían ocurrido cuando el actual gobierno acababa de asumir.

Factor 4 intentó ayer obtener la reacción de la Comisión del Congreso sobre Relaciones Internacionales y se refirió a Jorge Román, asesor de dicha comisión, quien no respondió ni las llamadas ni los mensajes. Patricia Letona, Directora de Comunicación Social de Cancillería, sí respondió, afirmando que ese era un asunto del Ministerio de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración. Alejandra Mena del Instituto Nacional de Migración, por su parte, afirmó que las operaciones fueron para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad, pidiendo que profundizáramos con el Ministerio de Gobernación. Se intentó tener la Reacción de Vinicio Pacheco, pero no se recibió respuesta, a las llamadas ni a los mensajes.

Fuentes extraoficiales de la Policía Nacional Civil, aseguraron a Factor 4, que los operativos llevan más de un año realizándose con apoyo logístico y estratégico de personal  del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, delegados en la embajada de dicho país en Guatemala. 

Observadores nacionales, al ser consultados, afirmaron que “la soberanía para el Gobierno de Guatemala, y para algunos sectores que buscan mantener sus oscuros intereses sobre la población, parece ser un recurso retórico”. 

La soberanía nacional fue parte de la estrategia de Jimmy Morales hacia Estados Unidos, cuya administración a cambio le dio carta libre para acabar con la CICIG, todo esto ocurrió con un silencio cómplice de Alejandro Giammattei y sus principales funcionarios.

Desde 2019, a la fecha, se ha permitido que se criminalice a ciudadanos centroamericanos que de forma pacífica buscan una vida mejor en Estados Unidos, sin que los gobiernos de la región se hagan responsables de sus actos ni de las acciones de los agentes operativos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos.

“El concepto de soberanía es un concepto internacional que no es estático, no lo ha sido en los 400 años que ha existido, como uno de los principios fundamentales para la existencia del estado nación”, señala un analista consultado.

Ahora la soberanía ha sido entregada a un presidente como Donald Trump, que se atrevió a llamar a nuestro país un “[2]Shithole country.”

[1] https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/menndez-publica-reporte-revelando-que-dhs-particip-en-operativo-migratorio-en-centroamerica

[2]«País de mierda”