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APG: Se agravan restricciones y violencia contra la prensa.

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El Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) señala que el 2020, es el año con más violaciones a la libertad de prensa, con un total de 149 casos contra periodistas, medios y comunicadores sociales. A continuación, Factor 4, reproduce el informe de la máxima entidad de prensa del país.

El 2020 culminó como el año más violento para la prensa en Guatemala, desde la llamada “era democrática”, con 149 ataques y restricciones de distinta índole, registradas por el Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), incluyendo el asesinato de 3 periodistas y comunicadores sociales en igual número de departamentos.

Alejandro Giammattei tiene la deshonra de ser el presidente con el mayor número de ataques contra la prensa en un solo año, el primero de su mandato, lo cual es un mal presagio sobre lo que depara a los medios de comunicación y trabajadores de la información, durante lo que resta de su administración.

El gobernante es responsable directo, por acción u omisión, del inaceptable aumento de agresiones en los últimos meses. Todos los casos reportados este año ocurrieron después del 14 de enero, cuando ya era presidente.

Numerosos actos reportados tenían como responsables a las fuerzas de seguridad, representantes de gobierno, empleados públicos o funcionarios allegados al presidente, sin mencionar otros hechos en los que Giammattei hizo gala de su característica prepotencia para responder a los periodistas, su cobarde actitud para ocultarse y evitar las preguntas de los reporteros o las oportunidades en que su Secretaria de Comunicación Social, Francis Masek, ocultó o pretendió restringir información a los reporteros.

Mientras el número de ataques contra la prensa presentaban un incremento alarmante, absurdamente la Fiscalía de Delitos contra Periodistas continuaba siendo debilitada, al restarle personal fiscal. Las buenas intenciones mostradas por la Fiscal General, Consuelo Porras, a esta asociación, culminaron con la creación de la Fiscalía de Sección de Delitos contra Periodistas, a inicios de diciembre de 2019, pues su intención de fortalecerla paulatinamente se desvaneció.

Abuso policial y opacidad presidencial destacan en último bimestre del año. Hasta el 31 de octubre de 2020, el Observatorio de los Periodistas de la APG, recopiló 124 casos, la mayor cantidad registrada hasta esa fecha. Esta infame cifra aumentó en 25 casos durante los últimos dos meses del año, incluyendo un acto de limitación del acceso a la información pública por parte del MP, que ocurrió a finales de octubre, pero se conoció un mes después.

En esos meses se reiteró en las limitaciones a las fuentes de información, amenazas de distintos tipo o actos en los que se involucraban personas particulares, como la agresión física contra un camarógrafo de Azteca Noticias, a inicios de diciembre.

Prosiguieron las campañas difamatorias en redes sociales, como la lanzada por el presidente del Congreso y cercano al presidente Giammattei, Allan Rodríguez, en contra de elPeriódico, luego de que el medio divulgara los millonarios gastos en dietas para los directivos de ese organismo.

Destacan especialmente las infundadas acusaciones divulgadas por perfiles y páginas falsas en Facebook, en contra de la periodista maya Ana Chen, integrante de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, ubicada en El Estor, Izabal, señalada de promover grupos dedicados al bloqueo en las carreteras de ese departamento, con el supuesto fin de cobrar extorsión a los automovilistas o realizar demandas a las autoridades.

Estas campañas de desprestigio no son nuevas, en meses pasados la periodista y el medio comunitario fueron blanco de ataques en plataformas sociales, en los que los acusaban de ser “guerrilleros”, una “radio pirata” o de propagar el Coronavirus en el municipio.

La radio comunitaria además debe lidiar con el interés del Estado de clausurarla y constantemente es objeto de acoso por personas que estarían relacionadas con la minera de níquel que opera en la zona. El caso de esta radio y cómo la conflictividad social en Izabal incide en la libertad de expresión se abordó en el informe de noviembre lanzado por esta asociación.

A mediados de noviembre también se reportó el asesinato de Mario Ortega, director de San José Total Canal 12 en Escuintla. En un inicio se especuló que el caso estaría relacionado con un tema de extorsión, por lo que la Fiscalía Municipal de Puerto de San José se negó a trasladar el expediente a la fiscalía especializada, aduciendo que el crimen no tendría relación con la labor de la víctima, ni ocurrió en el ejercicio periodístico.

Esta postura contraviene lo expresado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que indica que en los crímenes contra periodistas no debe descartarse el móvil periodístico durante el desarrollo de la investigación.

Pero los actos más graves en estos últimos dos meses fueron de acoso y violencia policial, ocurridos especialmente en las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre, abusos cometidos con la anuencia del presidente Giammattei y ante la mirada pasiva del MP.

Solo en (2020), el Observatorio de los Periodistas de la APG registró 22 casos de agresiones en las que están involucrados directamente elementos de las fuerzas de seguridad (policía y ejército).

El gobernante no solo apañó estas acciones, sino que defendió en su puesto al Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, quien alcanzó esa posición pese a los graves señalamiento por actos ilícitos que habría cometido durante el gobierno de la UNE.

Como una especie de matón del hampa, Gendri Reyes se encargó de disuadir las manifestaciones, infiltrar personal para causar destrozos, criminalizar a los participantes, emplear violencia desmesurada e injustificable contra la ciudadanía y atacar a los periodistas que cubrían estos actos y evidenciaban el actuar al margen de la ley de la policía y sus superiores.

Entre estas violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos, responsabilidad de Giammattei y Reyes, destacan la aprehensión de una comunicadora social y documentalista; la agresión física y daño a equipo de un fotoperiodista independiente; la agresión física por parte de un infiltrado a una periodista, que casualmente meses atrás había sido víctima de acoso y amenazas por su cobertura en actividades para la despenalización del aborto.

Destacan también el sabotaje al servicio de Internet, en el desarrollo de las manifestaciones, a la vivienda de la directora de un medio feminista, así como el acoso que sufrió de un desconocido en la calle, cuando se dirigía a reportar el problema con la señal.

Después de las primeras dos semanas de manifestaciones, el mandatario en lugar de comparecer públicamente y asumir su responsabilidad por los abusos cometidos o siquiera justificar sus acciones represivas, optó por ocultarse de la mirada de los medios, evitando las conferencias de prensa o las preguntas de reporteros en las actividades en las que participaba, como a inicios de diciembre, cuando apareció en una conferencia con su vicepresidente para anunciar supuestas medidas como resultado de la presión popular.

Mientras Giammattei evadía a los medios y la inconformidad de la población hacía su gestión crecía, en Facebook se empezó a promocionar una noticia falsa para favorecer la imagen del gobernante. La nota falsa se publicó en la página frentespoliticos.com.mx y hablaba del falso apoyo de los 48 Cantones de Totonicapán al mandatario.

Cuando Giammattei finalmente decidió atender los cuestionamientos de la prensa, a finales de diciembre, solo lo hizo para responder de forma preponte y colérica a un reportero que consultó por el tema de la desnutrición. Luego de su pataleta, se retiró sin decir nada más.

Fiel a su estilo de opacidad, Giammattei defendió hasta último momento a su protegido, Luis Miguel Martínez Morales, del escrutinio de la prensa, cuando realizó a puerta cerrada la presentación del informe de las supuestas labores del Centro de Gobierno, el 22 de diciembre.

La Secretaria de Comunicación Social, Francis Masek, no invitó a los medios ni permitió el ingreso de periodistas, aduciendo que era una “actividad institucional”, olvidando que los actos de la administración son públicos. El Ejecutivo tampoco quería divulgar el informe de Martínez Morales, la razón: su lamentable contenido, en el que se evidenciaba la pleitesía que los ministros de Estado rendían al favorito de Giammattei.

La opacidad y limitación a la información del gobierno no eran posibles sin el papel de Masek, que en distintas oportunidades fue señalada de no divulgar información, no informar oportunamente sobre las actividades, no gestionar las entrevistas con el mandatario o funcionarios gubernamentales, así como la oportunidad en la que canceló una transmisión en vivo cuando autoridades indígenas cuestionaban al mandatario. Como su antecesor, Carlos Sandoval, Masek pareciera solo dar un penoso paseo por el gobierno.

En medio de este contexto de violencia hacia el gremio periodístico y represión a la ciudadanía, distintas organizaciones sociales han demandado, en más de una oportunidad, la renuncia del gobernante y parte de su gabinete de gobierno. Ante estas demandas populares, la APG señala que el mandatario debe rectificar su desastrosa relación con los periodistas y población en general, velar por el respeto de los derechos humanos, pero además, destituir de forma inmediata y sin pretextos al Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, el Viceministro de Seguridad, Carlos Enrique Franco Urzúa, así como del director de la PNC, José Antonio Tzuban.

Estos no solo deben ser destituidos, sino además procesados penalmente por su responsabilidad en los actos de violencia desmesurada, imputaciones falsas y daños materiales causados por la policía durante las jornadas del 21 y 28 de noviembre, pero además dilucidar su responsabilidad en otros actos de amenazas o acciones en los que habrían intervenido elementos de Gobernación.

La permanencia de estos funcionarios en Gobernación representaría un aumento en las restricciones para acceder a información pública, acciones violentas, actos represivos y acoso judicial contra medios de comunicación y periodistas, y posiblemente mayores hechos de represión hacia aquellos comunicadores incómodos para la Presidencia. Como en este año, en los venideros la cantidad de ataques contra la prensa se incrementarían de forma alarmante.

Debilitamiento de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Mientras la cantidad de agresiones contra periodistas aumentaba alarmantemente en 2020, el personal de la Fiscalía de Sección de Delitos cometidos contra Periodistas era mermado y su presupuesto de operación limitado, al punto de contar con apenas poco más de 12 mil quetzales para viáticos de las diligencias que tendrían que cumplir durante todo el año. El poco presupuesto afectó, entre otras cosas, la disminución de servicios mecánicos que tendrían los vehículos.

La fiscalía cuenta solo con el fiscal de sección, dos agentes fiscales y dos auxiliares fiscales, personal que debe conocer, investigar y desarrollar los procesos penales de las denuncias de 14 de los departamentos. Las denuncias de la región occidente y la costa sur son conocidas por la Agencia de Quetzaltenango, dependiente de esta misma fiscalía.

A inicios de 2020, a la fiscalía se le asignó un vehículo y uno más en diciembre para la realización de diligencias (para contar con 3), así como un piloto, pero este solo estuvo en activo unos meses, debido a que, por ser una persona mayor de 60 años, por seguridad, él y otras personas en ese rango de edad suspendieron labores con el inicio de la pandemia, por decisión del MP.

Debido a esto, para la realización de diligencias fuera de la capital deben solicitar a transportes la asignación de pilotos o que el mismo personal fiscal se encargue de conducir los vehículos asignados. Pero este último punto conlleva problemas, pues en el caso de que el personal se involucre en un accidente de tránsito, el seguro no cubrirá las reparaciones y tendría que ser costeado por el agente o auxiliar fiscal responsable.

Esta no es la primera ocasión en que la fiscalía padece recortes de personal o problemas para desarrollar sus investigaciones. A mediados de 2019, a la entonces “Agencia Fiscal de Delitos cometidos contra Periodistas”, le retiraron 3 auxiliares fiscales de 9 que tenía en ese momento y le asignaron más de 20 investigaciones que no correspondían a temas de periodistas, al menos 4 de ellas consideradas de alto impacto.

La asignación de estos expedientes y el retiro de personal aparentemente se debían a temas de apoyo para otras agencias fiscales. El retiro y cambio de personal afectó además a otras agencias de la Fiscalía de Derechos Humanos, a la cual se encontraba adscrita la Agencia de Delitos contra Periodistas.

Esta situación fue denunciada pública y oportunamente por esta asociación. Después de estas denuncias, la Fiscal General, Consuelo Porras, se reunió con representantes de la APG para “aclarar” los problemas en la agencia fiscal y anunciar que ésta se convertiría en una fiscalía de sección en los próximos meses, con lo cual se fortalecería su labor. Se anunció además que, entre otro personal, se asignarían agentes DICRI para fortalecer las investigaciones, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Finalmente, el 6 de diciembre de 2019, en un evento público, se anunció la creación de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, que empezaría a funcionar como tal desde ese mismo día. Aunque se esperaba un fortalecimiento paulatino, la Fiscal General se olvidó de esta dependencia y parecería que su creación estaba dirigida únicamente para mejorar la imagen y relaciones públicas de la institución.

Desde diciembre de 2019, hasta agosto de 2020, la fiscalía no contó con un fiscal de sección (jefe de la fiscalía) y el puesto era ocupado de forma temporal por uno de los agentes fiscales, que debía cumplir con la función de ambos puestos. En el transcurso de 2020, el personal fiscal nuevamente fue disminuido, sin que exista interés del despacho superior de asignar nuevo personal a las plazas vacantes.

A mediados de año, dos de los seis auxiliares fiscales presentaron sus renuncias a la institución, las que fueron aceptadas y aprobadas de forma expedita, sin que trasladaran en orden las investigaciones que tenían a su cargo. Para esas fechas, solo una auxiliar fiscal tenía asignados más de 190 expedientes.

En los meses siguientes la situación de la fiscalía no mejoró. Aunque en agosto finalmente se asignó al nuevo jefe, las plazas vacantes continuaban sin ser ocupadas. Entre noviembre y diciembre, esta fiscalía nuevamente sufrió recorte de personal. Uno de los auxiliares fue reasignado al grupo que investigaría los incidentes ocurridos en las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre, investigaciones en las que al parecer no existe mayor avance. A inicios de diciembre, otra auxiliar ascendió a agente fiscal y asignada a otra fiscalía. Con esto, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas quedó con apenas dos auxiliares fiscales.

Durante las reuniones sostenidas en 2019, con la Fiscal General, ella designó a José Estuardo López y López, en ese entonces Subsecretario del MP y actualmente Secretario Contra la Corrupción, para ser el enlace entre el despacho superior y la APG.

Aunque existieron reuniones en 2019, para conocer investigaciones de casos contra periodistas que no estaban asignadas a la fiscalía especializada y actualizar a la APG sobre la creación de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, las citas se suspendieron en 2020.

Durante el primer trimestre de ese año, la APG se comunicó en numerosas oportunidades con el entonces Subsecretario para gestionar una cita, entre otras cosas, para conocer los planes de fortalecimiento de la fiscalía y solicitar la asignación de mayor personal y respetar la estabilidad laboral de éste, pero nunca respondió las llamadas ni mensajes.

Las promesas de fortalecimiento de la fiscalía responsable de investigar los numerosos y constantes ataques contra el gremio, realizada por la Fiscal General, se desvanecieron en menos de un año y no parece existir intención de revertir esta situación.

La APG demanda a la Fiscal General y a esa institución que asigne a la brevedad posible el personal que se recortó a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, fortalezca su presupuesto y anuncie los planes de fortalecimiento previstos, entre los que se encontraban la posible inauguración de más agencias en los departamentos.

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