Por Daniela Sánchez Lemus
La libertad de prensa es un derecho fundamental protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y es esencial para una sociedad democrática. En Guatemala, las y los periodistas, comunicadoras y comunicadores comunitarios, así como los medios de comunicación independientes, enfrentamos una serie de desafíos que intentan limitar nuestra capacidad para informar de manera independiente y sin restricciones. Estos desafíos incluyen amenazas, intimidación, violencia, aislamiento económico y acciones legales destinadas a silenciar a aquellas personas que investigan y reportan sobre temas coyunturales.
En los últimos años, Guatemala enfrenta desafíos significativos en cuanto a la libertad de prensa, una piedra angular para el fortalecimiento de la democracia. La prensa juega un papel crucial en la fiscalización de los gobiernos y en la difusión de información precisa y veraz que permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas. Sin embargo, la situación actual de la prensa en Guatemala plantea preocupaciones sobre, una cada vez más incipiente, democracia en el país.
Existe una preocupante concentración de medios de comunicación en manos de unos pocos actores poderosos. Esta concentración lleva a la homogeneización de las voces y la limitación de la diversidad de opiniones en el debate público.
El acceso a la información también es un desafío importante en Guatemala. A pesar de los avances en la legislación de transparencia y acceso a la información, muchas veces nos enfrentamos a obstáculos para obtener datos e informes oficiales que son fundamentales para nuestro trabajo. La falta de acceso a la información intenta limitar nuestra capacidad para informar con precisión y verificación de hechos.
Sin libertad de prensa, no hay democracia real. La prensa libre e independiente es un pilar esencial para la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana.
Ante este panorama visitó el país una Misión Internacional sobre Libertad de prensa, conformada por las siguientes organizaciones internacionales: Alianza de América Latina y el Caribe, FUNDAMEDIOS, Article 19, Committee to protect journalists, Free Press Unlimited, Protección Internacional Mesoamérica, Freedom House y Voces del Sur, quienes tras reuniones con entidades del Estado, representantes de medios de comunicación, periodistas, y comunicadores y comunicadores de los territorios, dieron a conocer en conferencia de prensa los hallazgos en materia de libertad de expresión y de prensa de cara a las próximas elecciones en Guatemala.
Como resultado de su visita, afirman que es preocupante cómo instituciones del Estado confirman que si hay Libertad de Expresión, cuando como Misión, vieron y escucharon muchísimas agresiones y testimonios de periodistas y comunicadoras/es comunitarios en diferentes departamentos.
Por la relevancia ante estos momentos aciagos para la prensa en Guatemala, publicamos el comunicado de prensa de la Misión Internacional sobre Libertad de Prensa:
Comunicado de prensa Ciudad de Guatemala, 17 de mayo 2023
Guatemala: Sin libertad de prensa no hay democracia
Hacemos un llamado a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y la legitimidad del proceso electoral
A un mes de las elecciones nacionales, las organizaciones firmantes llevamos a cabo y/o apoyamos una misión en el país con el propósito de analizar el estado de la libertad de prensa en Guatemala. Nos desplazamos a diversas zonas del territorio nacional y sostuvimos diálogos con personas periodistas y comunicadoras para conocer las circunstancias en las que desarrollan sus actividades y los desafíos que enfrentan. Nos entrevistamos con directivos y directivas de medios de comunicación, representantes de organizaciones de sociedad civil y con autoridades del Estado para conocer sus iniciativas y esfuerzos para garantizar la libertad de prensa. La conclusión a la que llegamos es extremadamente preocupante no sólo para el derecho de personas periodistas y comunicadoras de informar, sino principalmente para el derecho de la ciudadanía a estar informada para tomar decisiones de manera libre y consciente.
En Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo. En un contexto en el que solamente 16% de la población, de acuerdo con la reciente encuesta de Prensa Libre, confía en el Tribunal Supremo Electoral como institución garante de un proceso electoral democrático, tales restricciones a la prensa pueden afectar aun más la credibilidad del resultado del escrutinio.
La persecución de periodistas no es reciente en el país. Las amenazas que enfrenta la prensa son históricas, sobre todo la prensa comunitaria en territorios donde empresas nacionales e internacionales se asocian con el crimen organizado y las autoridades locales para silenciar las investigaciones periodísticas. Además, la misión ha observado que existe un escenario en el que la prensa es vista como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados, creada para controlar instituciones, y sostener la corrupción y la impunidad en el país. En vista de ello, el acoso y la criminalización de personas periodistas y comunicadoras se ha convertido en una nueva forma de censura, que comenzó durante el gobierno de Jimmy Morales, se recrudeció durante la administración de Alejandro Giammattei y que podría consolidarse en estas elecciones.
La criminalización de José Rubén Zamora, de los y las periodistas de elPeriódico y el cerco financiero sobre este medio, que llevó a su cierre este lunes, son un ejemplo de cómo este sistema represivo elige objetivos estratégicos para enviar un mensaje intimidatorio a la prensa en general. Atreverse a denunciar la corrupción y la impunidad incrustadas en el Estado guatemalteco bastó para desencadenar la persecución. Lamentablemente, el caso de elPeriódico no es aislado.
En vísperas de las elecciones en un país que se proclama democrático, esta misión constató otros casos preocupantes para el periodismo en sus diferentes expresiones – como por ejemplo, la criminalización de Carlos Choc y Robinson Ortega, el encarcelamiento arbitrario de Anastasia Mejía, la detención ilegal de Norma Sancir y la agresión sufrida por Sonny Figueroa.
Con mayor frecuencia, los y las periodistas prefieren dejar de firmar sus columnas o coberturas por miedo a represalias. Las personas periodistas se convierten en objetivos y pueden ser citados a declarar para revelar sus fuentes o ser incluidos en la lista de acusados cuando cubren casos penales emblemáticos. Alrededor de 20 personas periodistas dejaron el país tras ser amenazadas o acusadas judicialmente por coberturas incómodas al poder. Otras se encuentran bajo vigilancia o recibieron amenazas de muerte incluso de candidatos. El uso arbitrario de la pauta oficial y la presión gubernamental sobre los anunciantes refuerza los intentos de silenciamiento. La autocensura también es resultado de la actuación de net centers y otros dedicados al acoso e intimidación digital constante, como los que realiza la Fundación Contra el Terrorismo. El machismo, el racismo, la homofobia y el clasismo, entre otros ejes de opresión, son factores agravantes de la violencia que sufren las personas periodistas en razón de su labor.
La respuesta institucional a este escenario es insuficiente. Aunque el país cuenta con una fiscalía especializada en delitos contra periodistas, la mayoría de los casos de intimidación y agresión a la prensa no se investigan o quedan impunes – como los recientes casos de asesinatos de periodistas, entre ellos el de Mario Ortega (2020). Todas las personas periodistas y de la sociedad civil entrevistadas por esta misión desconfían o no creen en la eficacia de este órgano. La Procuraduría de los Derechos Humanos, que debería dar seguimiento a los casos de agresión contra la prensa, tampoco cumple activamente con su mandato en este contexto. Mientras el Estado es inoperante para investigar las agresiones contra la prensa y proteger a las personas periodistas, es ágil para acusarlas y criminalizarlas.
El acceso a fuentes estatales está restringido y la ley que debería garantizar el acceso a la información pública se incumple, en una clara violación del derecho de la población a fiscalizar el trabajo de los gobernantes. La falta de transparencia afecta también al Tribunal Supremo Electoral, donde un memorandum interno impide a los funcionarios hablar con la prensa.
Ante este grave escenario, concluimos que sin una prensa libre e independiente no puede haber elecciones libres y justas, y sin elecciones libres y justas no puede haber una democracia verdadera, por lo que el Estado de Guatemala debe tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a informar y a ser informado.
Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y la legitimidad del proceso electoral, estableciendo condiciones seguras y propicias para el ejercicio de la labor periodística en todo el país. A su vez, urgimos a la comunidad internacional a no renunciar a su deber de promover y defender los derechos humanos en todo el mundo.
Finalmente, reconocemos el valiente trabajo de las personas periodistas y comunicadoras en Guatemala y su contribución a la construcción de una sociedad más justa, plural y democrática.
Firmas
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Comité por la Protección de Periodistas (CPJ) Free Press Unlimited
Freedom House
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Fundamedios
IFEX- ALC
Protection International Mesoamérica Reporteros Sin Fronteras (RSF)
Voces del Sur