Continúa la criminalización de mujeres comunitarias.

Por Rony Morales

El pasado lunes 11 de enero del 2021, se llevó a cabo la segunda audiencia de auto de procesamiento de la autoridad comunitaria Sebastiana Pablo Hernández, del municipio de Joyabaj, en Quiché, quien es señalada por el Ministerio Público (MP), de los delitos de sedición, robo e incendio agravado. El caso se encuentra en la etapa de investigación.

Los hechos por los cuales está siendo acusada la autoridad ancestral: El 24 de agosto del 2020, los vecinos de Joyabaj, inconformes con las resoluciones del alcalde Florencio Carrascosa, quemaron algunos objetos de la municipalidad como forma de protesta ante la reubicación de algunos comerciantes y el favoritismo por parte del Alcalde, al entregar ayuda por la pandemia de la Covid-19. La señora Sebastiana Pablo se encontraba presente al momento de los incidentes.

Según la abogada defensora Wendy López, del Bufete Jurídico de Pueblos Indígenas, la intención de la defensa en esta audiencia era reformar el delito de robo agravado, ya que, en ningún video o fotografías, se evidencia que la autoridad comunitaria tuviera algo en las manos o que extrajera algún objeto de la municipalidad de Joyabaj.

Sin embargo, durante la audiencia la juzgadora Susy Elizabeth Pérez Cabrera, el fiscal José Isaías Mancilla Figueroa, del MP y los representantes de la municipalidad, sostuvieron que, por el simple hecho de permanecer en la manifestación, la autoridad Hernández Pablo, es culpable de los delitos que se le imputan.

Durante la audiencia, Sebastiana Pablo Hernández tuvo la palabra y dio a conocer que todos los hechos son falsos, si bien estuvo presente en la manifestación, no tuvo participación ni mucho menos control de lo sucedido ese día; ella apeló a las acusaciones de las que era señalada y expresó sus creencias cosmogónicas, sin embargo, la juez le llamó la atención de nuevo, por expresar su religión.

Para la abogada acompañante no existe la libertad de expresión, ni entendimiento de las formas de organización de los pueblos originarios, ya que durante la audiencia hubo discriminación y opresión sobre la autoridad comunitaria y sus creencias y que ante ello el MP y la jueza, no la dejaron expresarse.

Eva Tecún, del movimiento de mujeres indígenas Tz´ununija´, indicó que “es lamentable que Sebastiana Pablo Hernández, se encuentre con un sistema de justicia racializado, que, en lugar de resolver problemas, lo que hace es generar violencia institucional para las mujeres indígenas, y en esta ocasión, se demuestra como el sistema de justicia actual homogeniza las creencias de las comunidades y pueblos originarios. Al movimiento de mujeres le preocupa que, en el departamento del Quiché, existan jueces que no permitan la libre emisión del pensamiento, la libre creencia de los pueblos indígenas«, “para nosotras es muy triste ver que este sistema limita derechos para las mujeres indígenas que quieren acceder a la justicia.”

Al terminar la audiencia, a la autoridad comunitaria Sebastiana Pablo Hernández, y a su defensa, se les negó la petición de reformar el delito de robo agravado por el cual se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Quetzaltenango y tendrá que aguardar hasta el próximo primero de febrero, cuando se retomen las audiencias.

La orden de detención fue emitida para Sebastiana Pablo Hernández, por parte de la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera, del juzgado de primera instancia penal de Santa Cruz del Quiché, quien junto al fiscal José Isaías Mancilla Figueroa, del MP llevan estas audiencias, donde también son procesadas, Anastasia Mejía Tiriquiz, directora de la emisora Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, y Petrona Siy Castro, presidenta de la Asociación de Comerciantes de este municipio.