Aviso de navegante a los corruptos

Por Haroldo Sánchez

Y el momento llegó. Luego de tantos meses de estar especulando, las primeras medidas públicas de la administración Biden en relación a Guatemala, sonaron este lunes con todo su poder y golpearon duro a quienes durante años han considerado que robar en el Estado es “normal” y que no existe ninguna amenaza real a sus actos.

En el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, destaca la sanción a dos guatemaltecos por involucrarse en actividades corruptas. Desde Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció la sanción a un funcionario y a un exfuncionario del Gobierno guatemalteco por su participación en la corrupción. “Esta acción se dirige a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, el ex secretario privado para la administración presidencial de Álvaro Colom, y Felipe Alejos Lorenzana, un diputado del Congreso de la República de Guatemala”.

Esta decisión está fundamentada y se ejecuta bajo la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos y se centra en perpetradores de serios abusos de derechos humanos y corrupción alrededor del mundo. Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de designar públicamente a ambos individuos, y a los miembros de sus familias inmediatas, bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados, debido a su implicación en corrupción significativa.

“Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el enriquecimiento propio en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región”, expresó la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Esta acción sirve para arrojar una luz sobre la corrupción y promover la rendición de cuentas para aquellos que buscan malograr el proceso judicial”, destacó.

TAMBIEN EL REINO UNIDO. “Las acciones fueron realizadas en estrecha coordinación con el Reino Unido, que ha establecido un nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Las acciones coordinadas que utilizan estos regímenes de sanciones globales permiten que socios con ideas afines formen un frente unificado para identificar, promover la rendición de cuentas, e interrumpir acceso al sistema financiero internacional por actores corruptos y sus redes. Los Estados Unidos continuaremos comprometidos estrechamente con nuestros aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a aquellos que se involucran en corrupción”, añade el pronunciamiento oficial.

AMENAZAN LA JUSTICIA. Otro de los puntos que preocupa a Washington, es la corrupción en el proceso de selección judicial de Guatemala, al afirmar que: “Políticos guatemaltecos, muchos de ellos quienes son objeto de investigaciones criminales en Guatemala, continúan malogrando las políticas anticorrupción, desde la disolución unilateral por el Gobierno en 2019, de la comisión establecida por las Naciones Unidas, CICIG, la cual es una organización que se creó originalmente para trabajar con el Ministerio Público (MP) para investigar casos de corrupción. Estos funcionarios han buscado eliminar la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), encargada de investigar los casos asignados por CICIG. También han buscado ejercer influencia en el proceso de selección judicial para designar magistrados a las más altas cortes de Guatemala, según investigaciones del MP de Guatemala”.

Añaden que el actual proceso de selección para designar magistrados a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) y a la Corte de Apelaciones inició en junio de 2019, pero ha enfrentado muchas irregularidades y fallas de procedimiento.

“En febrero 2020, FECI descubrió que, mientras estaba en prisión preventiva por sus presuntas actividades corruptas previas, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, el exsecretario privado de la administración presidencial de Álvaro Colom de 2008-12, había estado buscando influenciar el proceso de selección judicial para magistrados a la CSJ y la Corte de Apelaciones. Para hacer esto Gustavo facilitó pagos a diputados del Congreso y a jueces y magistrados de la CSJ, en coordinación con Felipe Alejos Lorenzana, para influenciar un resultado en ambas instituciones que aseguraría la futura liberación de prisión de Gustavo, desestimar los cargos por corrupción en su contra, y proteger a Felipe, así como a magistrados y jueces de la CSJ, de futuras acusaciones por corrupción”, explica el informe.

Como resultado de la investigación de FECI, el MP solicitó un amparo contra el proceso de selección judicial. El MP argumentó que las nóminas de candidatos presentadas habían sido alteradas e influenciadas por individuos que estaban enfrentando cargos penales. La CC revisó el informe preparado por el MP que describía los vínculos de Gustavo, y dictaminó que los magistrados debían ser elegidos por voto y que, cualquier candidato considerado inapropiado debía ser excluido de la elección.

Adicionalmente, Gustavo, quien está actualmente bajo arresto domiciliario, ha sido objeto de varias investigaciones relacionadas con la corrupción. Por ejemplo, en 2019, Gustavo fue acusado de recibir sobornos de un empresario, como parte de una red de corrupción que involucraba lavado de dinero y sobornos en contratos de construcción del Gobierno. Gustavo compró activos offshore en Panamá y Belice. En un esfuerzo de ofuscar estos fondos, también compró propiedades que luego fueron obsequiadas a funcionarios a cambio de favores políticos. FECI emitió una orden de captura en su contra relacionada con esta actividad corrupta.

Felipe, un diputado electo del Congreso de la República para el período 2020-24, es un socio cercano de Gustavo. Felipe supuestamente facilitó sobornos y pagos de firmas privadas de construcción para contratos de infraestructura estatal en curso o potenciales a diputados del Congreso, con el objetivo de asegurar el apoyo del Congreso a magistrados titulares y suplentes de la CC, quienes apoyarían un futuro fallo de la CC beneficiando la inmunidad de Felipe, manteniendo a Felipe y a otros diputados del Congreso fuera de la cárcel.

Gustavo y Felipe son designados conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de tales funcionarios, que son responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES. Como resultado de la acción, todas las propiedades y participaciones en propiedades de Gustavo y Felipe, que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de Estados Unidos, están bloqueadas y deben reportarse a OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otra manera, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses, o que están dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos, que involucren cualquier propiedad o participación en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera.

Las prohibiciones incluyen hacer cualquier contribución, o proveer fondos, bienes o servicios por, para o al beneficio de cualquier persona bloqueada, o recibir cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

GLOBAL MAGNITSKY. Sobre la base de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, la E.O. 13818 fue emitida el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia de los abusos de derechos humanos y la corrupción que tienen su fuente, total o sustancialmente, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal dimensión y gravedad que amenazaba la estabilidad de los sistemas político y económico internacionales.

“El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tienen efectos devastadores sobre las personas; debilitan las instituciones democráticas; degradan el estado de derecho; perpetúan los conflictos violentos; facilitan las actividades de personas peligrosas y socavan los mercados económicos. Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometen graves abusos a los derechos humanos o se involucran en corrupción, así como proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del abuso por parte de estas mismas personas”, afirma el documento oficial.

UN DURO PORTAZO. Con este documento, Washington toca la puerta de quienes en los últimos gobiernos se enriquecieron en base a la corrupción y la impunidad, en componenda con el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora que Estados Unidos dejó atrás un gobierno que aceptó el desarme de la CICIG y con el avance de un narcoestado, los políticos vinculados al robo descarado, podrían tener los días contados para pasar a disfrutar de unas largas vacaciones en las cárceles estadounidenses. Los políticos y sus aliados, por igual.