Por Daniela Sánchez Lemus
Ayer Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), aceptó la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo la cual benefició al abogado Francisco García Gudiel, al cerrar el caso en donde la FECI a cargo del fiscal Juan Francisco Sandoval lo implicaba por lavado de activos.
Curruchiche dio a conocer que el MP planteará denuncias contra Erika Aifán, Sara Leticia Sandoval Guerra y Juan Francisco Sandoval, por supuestas irregularidades dentro del caso “Asesoría Legal y Red de Lavado de Activos”.
Al respecto, el ahora fiscal exilado, Juan Francisco Sandoval ha respondido al fiscal Curruchiche lo siguiente:
“Solo un fiscal corrupto celebra que una operación de lavado de 60 millones de quetzales quede impune y persigue a quienes descubrieron los hechos delictivos. Ayer, nuevamente el MP utilizó los recursos del pueblo, para emprender una ola de ataques en mi contra y de otros operadores de justicia.
Existe problema de integración de la sala de apelaciones, al inicio sólo la integra un magistrado. La sala de apelaciones es incompetente para conocer asuntos de competencia de mayor riesgo, esto le corresponde por ley a la cámara penal de la CSJ.
Las actuaciones anuladas por la sala relacionan dinero detectado en un caso de corrupción, que fue lavado por una organización criminal denunciada por una de las agencias del gobierno de USA.
La Sala de Apelaciones emitió en junio de 2022 una resolución clausurando el caso y que fue anulada en agosto por la CC. Cómo pudo resolver la clausura un mes después que había anulado lo actuado (porque la resolución en cuestión es de mayo de 2022)
La sala de apelaciones abusó tanto de sus funciones que no designó juez competente, sino que ordenó hasta que fiscalía debía conocer, invadiendo la autonomía del MP.
Conclusión: El MP de Guatemala no trabaja para servir al pueblo, sino los intereses de la clase política y económica corrupta, y perseguir a quienes descubrimos sus ilegalidades”
Gudiel y su beligerancia
En julio del año 2016, García Gudiel fue sancionado por el Colegio de Abogado y Notarios de Guatemala (CANG) por faltarle el respeto a la jueza Yasmín Barrios en las audiencias realizadas durante el juicio a Efraín Ríos Montt.
En mayo de 2021 fue vinculado al caso “Asesoría Legal: Operación de lavados activos” por presuntamente lavar más de sesenta y nueve millones de quetzales.
La FECI dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval, lo investigó por haber sido cómplice de esconder a cuatro empresarios vinculados a un caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, entre ellos el exdiputado del partido patriota José Guillermo Samayoa Soria (2012-2016). Samayoa Soría trasladó, a través de sus constructoras, para evitar el embargo de Q40.3 millones a cuentas de empresas de García Gudiel. Razón por la cual la anterior gestión de la FECI sindicó a Gudiel por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
«Francisco García Gudiel recibió del 28 de julio al 17 de octubre de 2017, mediante tres operaciones bancarias el monto de Q19 millones, apróximadamente US$2.5 millones, sabiendo por razón de su profesión que provenían de actividades ílicitas”
-FECI-
¿Quienes han sido los clientes de García Gudiel?
García Gudiel es conocido por ejercer la defensa penal de personajes que se han vinculado a corrupción e impunidad en Guatemala, entre quienes destacan:
Edín Barrientos: Ministro de Cultura durante el gobierno de Alfonso Portillo, candidato vicepresidencial de Efraín Ríos Montt, ex director de Banrural, financista político vinculado al caso “Captación del Estado”
Juan Carlos Monzón: Relacionado al caso “La Línea”, exsecretario privado de la ex vicepresidente Roxana Baldetti.
Carlos Enrique Muñoz: exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), vinculado a los casos “La Línea” y “Cooptación del Estado” , según investigación del ente acusador, Muñoz participó en una reunión en donde se decidió el porcentaje que recibirían las personas que integraban la organización delictiva, en donde Muñoz, recibiría un 5% de lo recaudado.
José Efraín Ríos Montt: Exjefe de Estado, quien durante su mandato avaló la masacre de 400 comunidades indígenas. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), Ríos Montt dio continuidad y expandió la política de tierra arrasada diseñada e implementada por su antecesor Romeo Lucas García.
Byron Gilberto Linares Cordón. Declarado como narcotraficante en Estados Unidos. Acusado de asociación delictuosa para el tráfico de cinco o más kilos de cocaína y asociación delictuosa para distribución de droga en EE.UU.