Esta es una investigación colaborativa realizada por Mariela Castañón de Nuestras Historias, Guatemala; Lourdes Ramírez y Daisy Bonilla, de En Alta Voz, Honduras; Nancy Hernández, de Gato Encerrado, El Salvador; Stanley Luna, desde Argentina.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte del Programa de Salud Reproductiva, Derechos Reproductivos y Justicia en las Américas.
En la última década, 26,797 niñas guatemaltecas menores de 14 años han quedado embarazadas producto de una violación. Ellas han sido atendidas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). En la actualidad no existe una propuesta integral para asistirlas y acompañarlas después de tener a sus hijos e hijas, tampoco pueden abortar, porque solo el aborto terapéutico no es punible, mientras tanto, grupos religiosos, fundamentalistas y el Gobierno defienden el derecho a la vida, “desde su concepción”.
*Elena (nombre ficticio para proteger la identidad de la niña) tiene 13 años. Vive en la aldea Chicucay, Región Chikixji, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, el departamento con más niñas embarazadas atendidas en el sistema de salud pública. Elena dio a luz a una bebé, producto de una violación, el pasado 5 de enero.
Elena nunca le contó a su mamá que su padre la violaba, nadie lo sospechaba. Fue hasta el cuarto mes de embarazo cuando la familia supuso lo que sucedía, al observar el crecimiento del vientre de la niña.
Elena fue llevado al centro de salud por su madre, a quienes los médicos le confirmaron que su hija estaba embarazada. En el caso se implementó el protocolo de atención, pero la judicialización todavía está en proceso porque no se ha ejecutado la orden de aprehensión en contra del padre de Elena, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), que acompaña el caso.
El 26 de septiembre del año 2012, se firmó una Carta de Entendimiento entre el MSPAS, el Ministerio de Educación (Mineduc), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet) para implementar una ruta de atención para las niñas y adolescentes menores de 14 años, víctimas de violencia sexual.
Cuatro años después se lanzó una nueva ruta de abordaje para asegurar que las niñas recibieran atención en salud, continuaran sus estudios y se garantizara que sus casos fueran judicializados. En 2019, el MSPAS actualizó el protocolo de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual.
Pese a la existencia de este protocolo, la atención, la inclusión social y el acompañamiento a las niñas víctimas de violencia sexual y sus familias, todavía no logra cubrirse plenamente, según Ana Lucía Peláez, trabajadora social y exdefensora de las Personas Víctimas de Trata de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien ejemplifica que las niñas embarazadas, tienen acceso al Programa Vida del Mides, pero hasta que el caso es judicializado; eso puede demorar más de cinco años.
El Programa Vida se creó en el año 2017 y consiste en la entrega periódica de una Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) de Q1,500 (US$192 aproximadamente) a la persona legalmente establecida para el cuidado y protección de la niña, adolescente embarazada o madre menor de 14 años. Este monto se concede cuando el caso ha sido judicializado.
De 2018 a 2022, el Mides ejecutó Q6,408,000 (US$820,486) para cubrir a 712 familias que fueron beneficiarias del Programa Vida. La cobertura está por debajo del promedio aproximado de 2,679 de niñas embarazadas por año.
Víctimas de violación
Elena es una víctima de violación. El artículo 173 del Código Penal guatemalteco establece que:
“Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de ocho a doce años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos”.
Para Peláez, el número de adolescentes menores de 14 años, víctimas de violencia sexual, puede ser mayor en comparación con los casos que documentan las instituciones públicas, la diferencia es que no todas las niñas resultan embarazadas y por tanto no todos los casos se registran.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), efectuó de 2012 a 2022 73,078 reconocimientos médicos por delito sexual a niñas y mujeres, de este número, el 67.7% corresponde a niñas y jóvenes entre 10 y 18 años.
Obligadas a ser madres
Elena intentó suicidarse en tres ocasiones cuando estaba embarazada. La primera vez, personas cercanas a su entorno sospechan que ingirió aspirinas con limón, estuvo internada en el centro de salud de su localidad. También, se lanzó del segundo nivel de una casa y se lastimó la rodilla. La tercera vez intentó cortarse la vagina con un objeto punzocortante, relata Carmelina Chocooj, técnica en Salud Sexual y Reproductiva del Osar en Alta Verapaz, quien ha acompañado a Elena en la movilización de la comunidad al centro de salud, en la compra de medicamentos y en la coordinación para que la niña acceda a consultas especializadas.
El periodo de gestación de Elena no fue fácil, lloraba todos los días, como lo hace actualmente, cuenta Chocooj. Después del nacimiento de su hija, la vida de Elena cambió más.
El profesor del centro educativo le ha autorizado a Elena salir todos los días a las 10 de la mañana, para que pueda amamantar a su hija. Elena debe caminar en un terreno boscoso y sin asfalto para llegar a su casa, luego debe regresar para continuar con sus clases. Esto le lleva aproximadamente 15 minutos.
De acuerdo con el Mineduc, las estudiantes embarazadas deben ser aceptadas en los centros educativos sin discriminación y al identificar un caso de embarazo se “promueve la promoción y permanencia dentro del centro educativo, ofreciendo las alternativas que más se adecúen a su situación, ya sea en el subsistema escolar o incorporándose a alguno de los programas del subsistema de educación extra escolar”.
De enero de 2018 a diciembre de 2022, el Mineduc cuantificó 565 casos de deserción escolar por embarazo, en niñas y adolescentes menores de 14 años.
Enfrentar un embarazo, producto de una violación, en una escuela, no es fácil, debido a las críticas que pueden surgir, aunque las víctimas no sean culpables. Según el Osar, en el caso de Elena, que actualmente cursa sexto primaria, el director de la escuela convocó a padres y madres de familia para evitar críticas en contra la menor de edad.
El aborto es penado y no es avalado
La legislación guatemalteca prohíbe el aborto y en los artículos 134 y 135 del Código Penal se establece que la mujer que se practicara un aborto tendrá una sanción de 1 a 3 años de cárcel, o si alguien más provocara un aborto, dependiendo de las circunstancias, será sancionado con 1 a 8 años de prisión.
Entre 2012 y 2022, el Organismo Judicial emitió 101 sentencias por aborto calificado, aborto con o sin consentimiento, aborto preterintencional y aborto procurado. Un total de 28 sentencias fueron absolutorias y 73 condenatorias.
En la legislación también se establece que no es punible el aborto terapéutico, es decir el que se practica cuando se evita peligro para la vida de la madre, después de agotados los medos científicos y técnicos.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ha realizado 260 evaluaciones médicas por aborto a adolescentes y mujeres de edades comprendidas entre los 13 y 29 años, en el periodo de 2013 a 2022, mientras que el MSPAS ha registrado en la última década 4,050 casos de morbilidad por aborto, en adolescentes menores de 18 años.
Hasta el momento, el MSPAS, no tiene registro de la existencia de clínicas clandestinas donde podrían practicarse abortos a mujeres y niñas, sin embargo, hasta hace algunos años, los avisos aparecían en el espacio de clasificados de algunos periódicos, o en breves mensajes pegados en postes o en paredes, en la vía pública.
Las iglesias y los grupos fundamentalistas se oponen abiertamente al aborto. En este reportaje fueron consultados los representantes de 4 iglesias: la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), la Alianza Evangélica, Testigos de Jehová en Centroamérica y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
A través de un mensaje emitido por la CEG, para el Año de la Familia 2021-2022, admite “la penosa realidad de la ya mencionada violencia intrafamiliar, de la abundancia de casos de embarazos de niñas y adolescentes muchas veces por parientes cercanos, la falta de una paternidad responsable y la poca importancia y atención al fenómeno creciente de madres solteras, tan directamente negativo a la educación de los hijos”.
Sin embargo, también establece una postura sobre los “males innegables que se ciernen sobre la institución familiar actual” y expresa que “a estos males se unen la influencia de los medios de comunicación que promueven el individualismo, el libertinaje sexual y modelos antinaturales de sexualidad, de definición del matrimonio y de la familia misma, así como la incesante propuesta del crimen del aborto en nombre de una falsa libertad y realización de la mujer”.
Por otro lado, el presidente de la Alianza Evangélica, César Ayala, concedió una entrevista para este reportaje y admitió abiertamente que están en contra del aborto y que nadie puede disponer de la vida de otro ser humano.
“Como Alianza Evangélica de Guatemala, nuestra posición es clara, nos oponemos al aborto. En las circunstancias que usted señala cuando es violación, no se sabe en qué circunstancias se dio, aun así seguimos respetando la vida porque es Dios, el que dispone en su soberanía, sí esa creatura vive, o le corta la vida en el vientre de mamá, o al nacer”, expresó Ayala.
La Alianza Evangélica aglutina a un promedio de 27,000 iglesias que se encuentran en diferentes colonias y áreas del país.
De forma similar se expresó el Departamento de Información Pública de los Testigos de Jehová en Centroamérica y expuso que, “una violación es un crimen aberrante y nadie debería pasar por eso. La Biblia considera que el aborto es acabar con la vida de un ser humano. Siendo ese el caso, abortar cuando se ha sido víctima de una violación equivaldría a contrarrestar un acto de violencia con otro”.
Agregó que esta organización no obliga a sus adherentes a actuar de cierta manera. Más bien, se limita a exponer y promover las enseñanzas bíblicas, que una y otra vez han demostrado ser útiles cuando se enfrentan situaciones complejas, “creemos firmemente que el delito de la violación desaparecería en una sociedad que se guíe por los valores morales que se encuentran en la Biblia. En los casos en que la vida de la madre corre peligro, a las personas implicadas les tocará escoger. No obstante, en muchos países los adelantos en los procedimientos médicos han resultado en que esta situación sea muy rara”.
Por su parte, Karen Rodas, directora de Comunicaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el Área Centroamérica, envió el enlace de la postura de la iglesia, donde explica: “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree en la santidad de la vida humana. Por lo tanto, la Iglesia se opone al aborto electivo por motivos de conveniencia personal o social, y aconseja a sus miembros que no se sometan a un aborto, ni que lo lleven a cabo, ni que paguen ni hagan arreglos para que se realicen tales abortos”.
Sin embargo, en la información también explica que la Iglesia concede posibles excepciones a sus miembros cuando el embarazo es el resultado de una violación, o un incesto, cuando un médico determina que la vida o la salud de la madre está en peligro, o se determina que el feto tiene defectos graves que no permitirán vivir después de su nacimiento; pero aclara, “que el aborto es un asunto sumamente serio y debe considerarse solamente después de que las personas afectadas hayan consultado con sus líderes eclesiásticos locales y sientan mediante la oración personal que su decisión es correcta”.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, quien se opone abiertamente al aborto y quien ha participado en marchas provida apuesta por la aplicación de la Ley, pese a la burocracia del sistema de justicia.
“Mi posición es contraria al aborto, me inclino más a medidas que se dirijan a prevenir y a evitar la violencia sexual contra menores de edades. Imagínese, sí se llegara a legalizar el aborto, bajo ningún punto de vista es bueno, haría que se dispare la violencia sexual contra menores de edad de una forma exponencial, sería como dar licencia para hacerlo, sí simplemente la clínica de abortos está a la vuelta de la esquina para que la niña vaya a abortar”, expresa.
Gobierno “Provida”
El 9 de marzo del año pasado, Guatemala fue declarada “Capital Provida de Iberoamérica”, por un congreso cristiano, en donde participó el presidente Alejandro Giammattei y defendió la vida “desde su concepción”.
Esa designación se realizó un día después de que el Congreso aprobara en su tercer debate y redacción final la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.
La normativa buscaba proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre hombre y mujer, así como aumentar la penalización del aborto, regular la educación sexual y rechazar la diversidad de género, sin embargo, días después la propuesta fue archivada por considerar que violaba la Constitución y los convenios internacionales suscritos por Guatemala.
La diputada Andrea Villagrán considera que no hubo coherencia en estas medidas, porque a las niñas víctimas de violencia sexual, no se les garantiza programas de nutrición, de acceso a la salud para ella y su bebé, ni de reparación a su vida.
“A las niñas madres se les está condenando a no terminar su proyecto de vida y se les está condenando a los recién nacidos a continuar con problemas de desnutrición, de falta de nutrientes para su desarrollo. El Programa Vida, está a cargo del Mides, -consiste en darle- dinero a la madre para sostener a su bebé, pero es muy poco y -se entrega hasta que se logra- una sentencia condenatoria; llegar a ese proceso es muy largo”, argumenta Villagrán.
En 2017 ingresó al Congreso de la República la iniciativa 5376 que buscaba despenalizar el aborto en niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual. Sin embargo, la Comisión de la Mujer, presidida entonces por el diputado conservador Aníbal Rojas, emitió dictamen desfavorable en septiembre de 2018 y la iniciativa fue archivada.
La diputada Villagrán recuerda que el debate en el Congreso sobre ese tema no llegó a ningún consenso, tampoco cree que el tema en la actual legislatura pueda discutirse.
Las secuelas psicológicas y físicas
Elena no es la misma desde que dio a luz a su bebé. Todos los días llora y debe adaptarse a amamantar a su hija, a cambiar pañales y cargar a la niña cada vez que llora, explica Carmelina Chocooj, de Osar.
Mildred Hernández, psicóloga clínica, dice que el nacimiento de un bebé, producto de una violación, puede provocar depresión en una adolescente y hasta intentos de suicidio, al observar ese choque de la realidad entre sus compañeras que no tienen hijos y ellas, que deben asumir la responsabilidad de cuidar a otro niño.
De acuerdo con Hernández esto también puede provocarles vergüenza, desvalorización y baja autoestima. La falta de atención psicológica y de un proceso reparador podría impactar negativamente en su vida adulta, como reproducir patrones de violencia similares a los que ha vivido.
El doctor Manfredo Juárez, encargado de la Clínica de atención a víctimas de violencia sexual, en la Pediatría del Hospital Roosevelt, uno de los centros asistenciales más grandes de la capital y que atiende a un promedio de 1 niña menor de 14 años por semana por violencia sexual, explica que existen riesgos para adolescentes madres embarazadas, entre estos la mortalidad materna, sangrado y osteoporosis en el futuro.
Sin embargo, para Juárez los riesgos más altos son los socioeconómicos y emocionales, porque estas niñas son más vulnerables a la pobreza, al abuso continuo, a la violencia intrafamiliar, al abandono y a más embarazos.